En los primeros meses de la entrada en vigor de la reforma judicial, el balance presenta claroscuros. Así lo afirmó la magistrada Julia María del Carmen García, directora electa de la Jufed, quien advirtió que el desempeño de los nuevos jueces evidencia errores, inexperiencia y falta de cuidado en temas sensibles. Señaló que, pese a la promesa de una justicia más cercana, aún está por verse si los criterios jurídicos realmente benefician a las personas y protegen sus derechos.
Explicó que la productividad del Poder Judicial ha caído de manera significativa. Antes, con dos salas, se resolvían cientos de asuntos; hoy, dijo, la resolución ha disminuido, e incluso se buscan mecanismos para que la Suprema Corte deje de conocer casos y los remita a tribunales inferiores. Para la magistrada, esto envía un mensaje preocupante: la falta de claridad y capacitación genera incertidumbre, y ha ocurrido que debe explicarse a los nuevos juzgadores cuestiones elementales como el procedimiento de votación en las sesiones.
García enfatizó que la incertidumbre no solo afecta al personal, sino a toda la sociedad, al no saber qué esperar del órgano responsable de resolver temas de interés nacional. Cuestionó también el argumento del “respaldo democrático”, recordando que apenas participó el 10 por ciento del padrón y que hubo votos anulados y una elección influida por acordeones, lo que a su juicio evidencia manipulación.
Subrayó que quienes sostienen actualmente la justicia federal son los integrantes con trayectoria y carrera judicial, evaluados y formados durante años, mientras que la reforma permitió el ingreso de perfiles sin experiencia. El reto, afirmó, será llegar a 2027, cuando gran parte del personal experimentado se retire y quede en manos de los nuevos juzgadores la resolución de asuntos complejos.
Adelantó que, a partir de enero, la nueva mesa directiva de la Jufed dará seguimiento puntual al impacto de la reforma. Recordó que siempre reconocieron la necesidad de mejoras, pero insistió en que esta no era la vía adecuada, pues se recortaron recursos y se incorporó personal sin capacitación, lo que dificulta pensar en un fortalecimiento real de la impartición de justicia.
