El Congreso local aprobó la derogación del delito de extorsión del Código Penal estatal como parte de un proceso de armonización con la Ley General vigente a nivel federal. La reforma fue avalada con 37 votos a favor durante la madrugada del 16 de diciembre.

La modificación responde a la necesidad de eliminar contradicciones entre la legislación local y la federal, ya que la ley general contempla sanciones más severas para este delito. La permanencia del tipo penal de extorsión en el ámbito estatal abría la posibilidad de aplicar penas más benignas, lo que podía generar beneficios indebidos para los imputados y conflictos competenciales al momento de presentar denuncias.

Con la derogación el delito de extorsión deja de existir en la legislación local y su persecución queda bajo competencia federal, conforme al artículo 73 constitucional. A partir de ahora las denuncias deberán presentarse directamente ante la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de iniciar las investigaciones correspondientes.

En sustitución el Congreso fortaleció figuras penales relacionadas con abusos de autoridad, particularmente aquellas vinculadas con la privación ilegal de la libertad, retenciones arbitrarias y hostigamiento a ciudadanos por parte de elementos de seguridad pública u otras autoridades sin justificación legal.

Con esta armonización el Poder Legislativo busca garantizar la correcta aplicación de la Ley General de Extorsión, evitar la aplicación de sanciones menos severas y asegurar que estos delitos se investiguen y castiguen conforme al marco federal vigente.

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