La organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas) publicó el informe El costo de la búsqueda: Informe sobre afectaciones a la salud de familiares de personas desaparecidas y la respuesta institucional en México, en el que analiza las capacidades de las Comisiones de Víctimas de cada estado.
En el caso de Jalisco, detectó deficiencias en los protocolos internos de atención y en los registros de víctimas y atenciones prestadas, lo que puede repercutir en que no se generen las políticas públicas adecuadas al contexto actual.
En el informe se precisa que “de acuerdo con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco (CEEAV) la información acerca de las solicitudes de atención en salud mental y física no es desagregada, sino que se incluye en el rubro global de “emergencia médica”. Igualmente, no se desagrega la información por delito que causó la situación de victimización, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, situación de discapacidad, profesión, parentesco entre la víctima directa e indirecta”.
Esta omisión es determinante para generar políticas públicas sectorizadas de acuerdo a los tipos de delitos y/o violación a derechos humanos de la víctima.
“Los anteriores datos evidencian un vacío en materia de información acerca de la atención en salud física y mental, dado que, no se conocen las necesidades diferenciadas de las personas víctimas, información que es fundamental para la formulación de políticas públicas de atención en salud que respondan a un enfoque de género y niñez, así como la ausencia de programas que sean acordes a las necesidades particulares de las víctimas”.
Si bien se reconoce que ha habido momentos de incremento de presupuesto desde la creación de la CEEAV, no contar con los indicadores sectorizados genera que esos aumentos presupuestales puedan no enfocarse en las necesidades prioritarias.
Aunado a lo anterior, Idheas detectó en la CEEAV “ausencia de protocolos internos específicos y actualizados para el seguimiento y acompañamiento de las víctimas una vez que son remitidas o canalizadas a las instituciones de salud”, lo que no debería suceder, por lo que recomendó a la institución que genere los protocolos necesarios para este fin.
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