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Tras captura del alcalde, Morena Jalisco pide que sea la justicia quien determine responsabilidades

Tras captura del alcalde, Morena Jalisco pide que sea la justicia quien determine responsabilidades

Luego de que autoridades federales confirmaron la detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, Morena Jalisco emitió un comunicado en el que aseguró que será la justicia la que determine las responsabilidades legales del caso, luego de que previamente defendiera al alcalde y denunciara una supuesta persecución política.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la captura del edil y de tres funcionarios municipales más se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y las acciones contra la corrupción.

En su posicionamiento oficial, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena señaló que el movimiento respeta el Estado de Derecho y reiteró que “nadie está por encima de la ley”. Indicó además que las autoridades deberán conducir la investigación conforme a los procedimientos legales y garantizando el debido proceso.

“El partido será respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades”, señala el comunicado, en el que también se afirma que la persona investigada tiene derecho a la defensa y al uso de los recursos legales que establece la ley.

Morena Jalisco subrayó que las responsabilidades deberán asumirse conforme a la legalidad, sin privilegios ni excepciones, y que la justicia será la única instancia que determine el curso del caso.

Este pronunciamiento se da después de que, en un primer momento, la dirigencia estatal del partido respaldó públicamente al alcalde. La presidenta de Morena en Jalisco, Érika Pérez García, había acusado al gobernador Pablo Lemus y a Movimiento Ciudadano de utilizar el caso con fines políticos y de emprender una supuesta campaña de desprestigio.

En ese contexto, la dirigente calificó las acciones contra el Ayuntamiento de Tequila como parte de una “guerra sucia” y defendió que se trataba de un acto legítimo de fiscalización.

GR

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