Ante una crisis que acumula más de 133 mil personas desaparecidas, alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar y una impunidad estimada en 99.6 por ciento, Amnistía Internacional urgió al Estado mexicano a declarar una emergencia nacional y atender de manera prioritaria esta problemática.
La organización respaldó la activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, un mecanismo excepcional de Naciones Unidas reservado para situaciones de gravedad extrema, que permite abrir un canal formal de diálogo directo con el Estado.
Amnistía Internacional cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones exclusivamente al crimen organizado, al señalar que ha documentado casos en los que estos grupos operan con la aquiescencia de autoridades, así como otros en los que servidores públicos han participado directamente.
Asimismo, advirtió que recientes cambios institucionales podrían debilitar el acceso a la justicia y a la información pública, en un contexto ya marcado por altos niveles de impunidad.
De acuerdo con cifras citadas por la organización, desde 2006 se han registrado más de 118 mil desapariciones, lo que representa el 89 por ciento del total acumulado. Además, se han localizado al menos 5 mil 696 fosas clandestinas en el país y existen más de 2 mil 300 colectivos de familias que buscan a sus seres queridos.
En términos de justicia, el panorama es crítico: de cada mil casos de desaparición, menos de cuatro derivan en una sentencia condenatoria.
Ante este escenario, Amnistía Internacional planteó una serie de acciones urgentes, entre ellas declarar formalmente la emergencia nacional con metas medibles, reconocer y proteger a los colectivos de búsqueda y a los familiares de las víctimas, así como aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer las capacidades de investigación y procuración de justicia.
La organización también alertó sobre la situación de las mujeres buscadoras, quienes enfrentan amenazas, agresiones e incluso asesinatos mientras realizan labores de localización, muchas veces en ausencia de acciones efectivas por parte del Estado.
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