El especialista en derecho laboral, Diego García Saucedo, consideró que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales representa un avance, aunque con retos en su implementación.
Destacó que uno de los principales aciertos fue que el dictamen derivó de un proceso de Parlamento abierto en el que participaron cúpulas empresariales, sindicales y el gobierno. Reconoció que existen voces críticas, particularmente desde el sector obrero, que buscaban el esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso; sin embargo, el texto aprobado mantiene la posibilidad de distribuir las 40 horas en seis días con un día obligatorio de descanso.
No se trata de una simulación, sino de un equilibrio entre otorgar un beneficio a los trabajadores y proteger las fuentes de empleo, especialmente en un contexto donde las micro y pequeñas empresas concentran buena parte del empleo formal.
García Saucedo explicó que la reforma requerirá ajustes en la Ley Federal del Trabajo dentro de un plazo de 90 días, una vez que sea aprobada por ambas cámaras y publicada. Entre los cambios previstos está la obligación patronal de contar con un registro electrónico de asistencia, con el fin de dar certeza sobre las horas efectivamente laboradas y el pago correcto de horas extras.
Sobre este punto, señaló que el nuevo tope de 12 horas extraordinarias amplía el margen respecto a la legislación actual, aunque consideró que aún falta mayor claridad sobre cómo se pactará su distribución entre empleadores y trabajadores, evitando abusos y definiendo con precisión qué se entenderá por explotación laboral.
Respecto a la aplicación gradual, defendió que el cambio no puede implementarse de manera inmediata, pues implicaría un impacto fuerte en costos laborales y podría incentivar la informalidad o incluso la automatización de procesos, con pérdida de empleos. Recordó que en la legislatura anterior se impulsó una propuesta sin gradualidad y con esquema obligatorio de cinco por dos, pero no prosperó por falta de consenso.
Finalmente, sostuvo que la reducción de 48 a 40 horas semanales, incorporada al artículo 123 constitucional, busca también elevar la productividad a partir de trabajadores más descansados. Consideró que el periodo de transición permitirá a empresas y autoridades adaptarse, mientras la Secretaría del Trabajo refuerza la supervisión para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
GR
