El especialista en seguridad nacional Víctor Hernández advirtió que la expansión del ámbito electoral en México tras la reforma al Poder Judicial amplió los espacios donde el crimen organizado puede ejercer presión e influencia.
El director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos explicó que los cárteles no solo cuentan con mayores recursos económicos provenientes del narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilícitas, sino que ahora también existe un universo más amplio de candidaturas susceptibles a presiones. Además de aspirantes municipales y legislativos, ahora también jueces y ministros que deben hacer campaña pueden convertirse en blanco de financiamiento o intimidación por parte de grupos criminales.
Víctor Hernández alertó sobre escenarios paradójicos, como que un juez penal pueda recibir respaldo indirecto de un cártel con expedientes en su juzgado, o que jueces en materia ambiental enfrenten presiones de intereses económicos vinculados a litigios en curso. En su diagnóstico, al crecer la esfera electoral, crecen también los espacios de intervención criminal, mientras que las capacidades de protección del Estado son limitadas.
Respecto a la propuesta de reducir el financiamiento público a partidos políticos, consideró que el riesgo de ingreso de dinero ilícito ya existe incluso bajo el esquema actual. Señaló que operan redes paralelas, como asociaciones civiles o grupos fachada, que canalizan recursos privados a campañas. En ese sentido, planteó que, si el modelo restrictivo no ha logrado frenar esos flujos, podría evaluarse un esquema con mayor transparencia, similar al estadounidense, donde los donantes están identificados públicamente, lo que permitiría conocer con claridad qué intereses respaldan a cada candidato e incluso generar recaudación fiscal.
Sobre la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el analista consideró que su caída no necesariamente transformará de fondo la realidad de seguridad en el país. Explicó que el CJNG opera bajo un modelo descentralizado, cercano al de franquicias, donde múltiples células utilizan la marca sin depender de una sola figura central.
Advirtió que, más que un vacío de poder interno, podría registrarse un repunte de violencia en estados fronterizos con otras organizaciones criminales, como Guanajuato, Sonora o Tamaulipas, ante intentos de expansión territorial de grupos rivales. Subrayó que la captura de un líder constituye una “decapitación”, pero no un desmantelamiento estructural, si no va acompañada de acciones simultáneas contra redes financieras, operadores locales y estructuras logísticas.
El especialista en seguridad internacional por el King’s College London, Víctor Hernández, citó como referencia operativos masivos realizados en Italia contra la mafia en los años noventa y operaciones amplias de agencias estadounidenses como la DEA, en las que se ejecutan detenciones coordinadas en gran escala. A su juicio, una estrategia integral contra el CJNG habría requerido acciones paralelas contra liderazgos estatales y redes económicas, no solo contra su figura principal.
Finalmente, al abordar la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de inteligencia, reconoció que estos esfuerzos pueden ser efectivos, pero advirtió que las métricas de éxito no siempre coinciden. Mientras que para autoridades estadounidenses el objetivo prioritario es interrumpir cadenas de suministro de drogas hacia su territorio, en México los costos colaterales como la violencia, los bloqueos, las afectaciones económicas y las víctimas recaen en la población local. Por ello, sostuvo que el Estado mexicano debe evaluar estratégicamente cuándo y cómo acepta inteligencia externa, ponderando el impacto interno sin que ello implique tolerancia a la impunidad.
GR
