La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los cambios contemplados en el “plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, los cuales se enfocan en la reducción de privilegios y el ajuste del gasto en instituciones electorales, principalmente a nivel estatal y municipal.

La propuesta no incluye modificaciones a los diputados plurinominales, pese a que previamente se había planteado su reducción o un cambio en su método de selección. Tampoco contempla disminuir el número de senadores ni recortar el financiamiento público a los partidos políticos.

En contraste, el planteamiento se centra en medidas de austeridad y reorganización institucional en el ámbito local. Entre los principales cambios se propone limitar el número de regidurías en los municipios a un máximo de 15, así como establecer un tope presupuestal de 0.7 por ciento para los congresos estatales en relación con el presupuesto de egresos de cada entidad.

Asimismo, se plantea que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tribunales electorales y organismos públicos locales no puedan percibir ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo federal. La iniciativa también contempla la eliminación de bonos, seguros de gastos médicos mayores y otras prestaciones adicionales.

En el ámbito federal, se propone una reducción progresiva del gasto hasta alcanzar un recorte de 15 por ciento en el Senado de la República. Además, se mantiene la posibilidad de realizar la consulta de Revocación de Mandato durante el tercer o cuarto año de gobierno, siempre que sea solicitada por la ciudadanía.

El plan también incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre las que destacan la imposición de topes salariales al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y a los tribunales electorales locales.

De igual forma, se propone que los cómputos de la elección federal y de los procesos locales inicien al concluir la jornada electoral, así como el establecimiento de convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización y el uso de tecnologías para fortalecer estos mecanismos.

GR