Durante su comparecencia ante la Comisión Especial que evalúa el Programa de Verificación Responsable (PVR), el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP), Luis García Sotelo, reconoció abiertamente el carácter recaudatorio del modelo, además de admitir la necesidad de realizar ajustes sin comprometer su continuidad como política ambiental.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que la verificación vehicular no debe entenderse únicamente como una medida recaudatoria, sino como una herramienta de salud pública. 

García Sotelo admitió que si bien persisten episodios de mala calidad del aire y contingencias ambientales en la ciudad, existen indicadores que muestran una tendencia a la baja respecto a niveles previos a la implementación del programa; no obstante, evitó presentar la verificación como una solución definitiva al problema.

En el plano financiero, reconoció la necesidad de analizar si el costo actual del trámite corresponde a los servicios ofrecidos. En ese sentido, planteó la posibilidad de establecer una tarifa adecuada y estable a mediano plazo, además de impulsar una modernización tecnológica del sistema y reforzar la transparencia en el manejo de los fideicomisos vinculados al programa.

La panista Claudia Murguía Torres reconoció que el funcionario hablara “con verdad” al admitir el componente recaudatorio del programa, pero cuestionó que los recursos obtenidos no se reflejen directamente en mejoras ambientales. Señaló que en la práctica los ingresos fortalecen las finanzas estatales más que atender la calidad del aire.

En respuesta, García Sotelo defendió la permanencia del PVR al insistir en su importancia como herramienta de control ambiental y su contribución a la salud pública.

En el mismo sentido, la diputada de Futuro Tonantzin Cárdenas Méndez criticó las contrataciones de privados en torno al PVR y la falta de claridad en el manejo de los 900 millones de pesos (mdp) asignados al programa. Señaló que las “economías” no ejercidas deberían destinarse a mejorar el monitoreo ambiental y propuso cambiar el enfoque hacia una política que grave a industrias contaminantes en lugar de concentrar la carga en los automovilistas. 

En respuesta, el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, reconoció las limitaciones legales para aplicar impuestos directos a industrias y explicó que los llamados derechos ecológicos han enfrentado resistencias empresariales. 

En el cierre de la mesa, el diputado de Hagamos Tonatiuh Bravo Padilla cuestionó la dificultad para aprobar la prueba, ya que está ligada a la antigüedad del parque vehicular, por lo que propuso destinar parte del pago a un fondo de apoyo para afinaciones o reparaciones. 

Además, reiteró la disposición de su bancada para avanzar en impuestos ecológicos siempre que cuenten con sustento legal sólido.

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