Los delitos que pueden cometerse dentro de centros de rehabilitación y las implicaciones legales para sus responsables fueron expuestos durante una reunión entre autoridades estatales y representantes de 31 “anexos” en Jalisco, como parte de una estrategia para prevenir conductas como lesiones, amenazas y privación ilegal de la libertad.
El encuentro se realizó el pasado 16 de abril en instalaciones de la Fiscalía del Estado, donde acudieron representantes de 31 centros de rehabilitación ubicados en distintos puntos de la entidad, junto con personal ministerial y la vicefiscal en Investigación Especializada en Concertación Social, Sonia del Carmen Álvarez Cisneros.
Durante la sesión, se explicaron los principales delitos que pueden registrarse en estos lugares, conocidos como “anexos”, entre ellos lesiones, amenazas y privación ilegal de la libertad. Asimismo, se detallaron los supuestos en los que directivos o trabajadores podrían incurrir en responsabilidades penales en el ejercicio de sus funciones.
El análisis se enfocó en cómo estas conductas pueden configurarse dentro del marco legal vigente, así como en la importancia de que quienes operan estos centros conozcan las implicaciones jurídicas de sus actos y omisiones.
Estas acciones forman parte de una serie de operativos y actividades de supervisión que se han desarrollado desde diciembre de 2024, periodo en el que se han visitado más de 170 centros y se ha tenido contacto con más de cinco mil personas internas.
En ese contexto, las autoridades también han realizado cruces de información que han derivado en el cumplimiento de órdenes de aprehensión y la localización de personas con reporte de desaparición, lo que ha ampliado el alcance de las revisiones más allá de la supervisión administrativa.
La reunión da continuidad a un primer encuentro realizado el 26 de noviembre, en el que participaron 13 centros, y forma parte de una estrategia de seguimiento que busca incidir en las condiciones en las que operan estos espacios.
Las autoridades indicaron que se mantendrán estos espacios de diálogo y revisión para reforzar la prevención de conductas delictivas y el conocimiento de las obligaciones legales dentro de los centros de rehabilitación.
GR
