El analista en seguridad Daniel Gómez Tagle advirtió que la solicitud de detención y extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe entenderse en su dimensión internacional, al implicar consecuencias políticas, económicas y diplomáticas para México.

El especialista explicó que este tipo de solicitudes, impulsadas por autoridades de Estados Unidos, se sustentan en tratados bilaterales vigentes, por lo que no representan una violación a la soberanía nacional.

Señaló que cuando los delitos, como el tráfico de drogas, tienen impacto transnacional, los mecanismos de cooperación obligan a los países participantes a actuar conforme a los acuerdos previamente establecidos.

Daniel Gómez-Tagle criticó la respuesta del gobierno mexicano, al considerar que prioriza una narrativa interna sobre compromisos internacionales. En ese sentido, advirtió que minimizar el proceso o cuestionar su legalidad podría deteriorar la credibilidad del país en el exterior y afectar su posicionamiento global.

Asimismo, subrayó que la solicitud de detención preventiva no implica culpabilidad, sino un mecanismo para evitar la fuga del acusado mientras se desarrolla el proceso judicial. Añadió que las investigaciones estadounidenses suelen acumular evidencia durante años, lo que refuerza el peso de este tipo de acciones.

El analista también alertó sobre posibles consecuencias en caso de incumplimiento del tratado, como presiones diplomáticas, exposición mediática internacional y pérdida de confianza en México como socio. Indicó que este escenario podría traducirse en un aislamiento progresivo y en impactos económicos relevantes.

Finalmente, consideró poco probable una intervención directa de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, aunque no descartó que la tensión escale si no se atienden los compromisos internacionales. Enfatizó que el principal riesgo radica en el deterioro de la relación bilateral y en el costo reputacional para el Estado mexicano en el ámbito global.

GR