Más de 33 mil personas, entre ejidatarios, comuneros e integrantes de comunidades indígenas, resultarían afectadas por la desaparición del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, ente que concluyó oficialmente operaciones este miércoles, denunciaron integrantes del Colegio de Abogados de Jalisco por la Dignidad de la Justicia Agraria, quienes además advirtieron que la redistribución de expedientes provocará saturación y retrasos en otros tribunales.
La presidenta del colegio, Sonia Medrano Fernández, criticó el acuerdo que elimina prácticamente toda la jurisdicción y competencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, órgano que atendía 29 municipios. La eliminación de dicho ente provocó una redistribución de esas demarcaciones, de las cuales 26 pasarán al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13 y tres más al Distrito 15.
Aunque señaló que el reparto aparenta ser equilibrado en número de expedientes, alrededor de 300 para cada tribunal receptor, advirtió que ambos órganos ya enfrentan una carga superior a 900 asuntos cada uno, por lo que con la nueva redistribución superarían los mil 100 expedientes en trámite.
Medrano Fernández sostuvo que el problema no se limita a los asuntos activos, sino también al archivo histórico acumulado desde la creación de los tribunales agrarios en 1992. Precisó que el Distrito 16 conserva cerca de 21 mil expedientes archivados que deberán dividirse y trasladarse a los otros tribunales pese a que actualmente operan en instalaciones improvisadas y sin capacidad suficiente.
La abogada acusó además que el Tribunal Superior Agrario, el que definió la eliminación del 16, no realizó consultas previas a pueblos indígenas pese a que existen litigios relacionados con estas comunidades. Señaló que tanto la Constitución mexicana como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obligaban a realizar consultas previas e informadas antes de aprobar una medida de este tipo.
Según explicó, la falta de planeación provocará una “paralización completa” de numerosos juicios agrarios, ya que los tribunales receptores ya tienen audiencias programadas y expedientes en etapa de sentencia. Incluso afirmó que actualmente existen resoluciones que tardan más de dos años en emitirse y que el nuevo esquema agravará aún más los tiempos de espera.
“No entendemos cómo quitando un tribunal se va a hacer más eficiente la impartición de justicia. Si con tres tribunales no son eficientes, con uno menos tampoco lo serán”, sostuvo.
También criticó que el acuerdo no precise si habrá ampliación de personal, refuerzo presupuestal o redistribución de trabajadores para atender la nueva carga de expedientes. Añadió que antes de desaparecer el tribunal debieron garantizarse instalaciones más amplias y condiciones adecuadas para resguardar archivos y atender a los usuarios.
Como respuesta, el Colegio de Abogados promovió un juicio de amparo colectivo y anunció la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, envió escritos al Senado de la República, al gobierno de Jalisco, a la Consejería Jurídica federal y al propio Tribunal Superior Agrario.
“Hablan de defender al pobre, pero les están quitando un tribunal y alejando la justicia”, concluyó Medrano Fernández.
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