El consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo, advirtió que diversos partidos políticos han iniciado procesos de definición de perfiles rumbo a las elecciones de 2027 en tiempos que podrían considerarse adelantados, por lo que llamó a que la autoridad electoral incremente la vigilancia y fiscalización de estas actividades.
El integrante del Consejo General del INE recordó que la organización formal del proceso electoral 2026-2027 comenzará en septiembre de este año, mientras que las precampañas están previstas para enero de 2027. Sin embargo, señaló que desde hace varios meses algunos partidos han puesto en marcha mecanismos para designar coordinadores, defensores y otras figuras que podrían convertirse en candidatos.
Respecto a la convocatoria de Morena para registrar coordinadores de la defensa de la transformación en distintas entidades, Arturo Castillo expresó, a título personal, que el Instituto Nacional Electoral debe poner una “lupa” sobre estos procesos para evitar posibles afectaciones a la equidad de la competencia electoral.
El consejero explicó que la actual interpretación jurídica sobre actos anticipados de campaña limita la capacidad de actuación de las autoridades electorales. Recordó que desde 2023 el Tribunal Electoral estableció un criterio más estricto, según el cual sólo se considera acto anticipado cuando existe un llamado explícito e inequívoco al voto, dejando fuera otras formas de promoción política.
Ante este escenario, propuso que el INE comience a fiscalizar desde ahora los gastos relacionados con estos procesos partidistas para que, en caso de detectarse irregularidades, los recursos puedan contabilizarse dentro de los topes de campaña.
Asimismo, planteó que los aspirantes que participan en procesos internos de carácter partidista no deberían tener acceso a espacios en radio y televisión, ya que su actividad tendría que limitarse al ámbito interno de sus organizaciones políticas.
Sobre los desafíos que enfrentará la autoridad electoral rumbo a los comicios de 2027, Arturo Castillo identificó tres temas centrales: los posibles actos políticos anticipados, el uso de inteligencia artificial en campañas y propaganda política, y la fiscalización de recursos utilizados por partidos y candidatos.
También señaló que una reciente reforma legal asignó al INE la responsabilidad de fungir como enlace entre los partidos políticos y las autoridades competentes para verificar posibles vínculos de candidaturas con el crimen organizado, una tarea que, desde su perspectiva, correspondería originalmente a las instituciones de seguridad e inteligencia.
Finalmente, Arturo Castillo reiteró que el instituto tiene facultades para emitir lineamientos que permitan fiscalizar anticipadamente los gastos de promoción realizados por los partidos políticos. Recordó que una propuesta en ese sentido fue rechazada por el Consejo General el pasado 27 de mayo, aunque existe otra iniciativa similar que podría discutirse en próximas sesiones.
GR
