A casi ocho meses de que diputadas del Congreso de Jalisco se comprometieran a buscar un mecanismo para apoyar económicamente a Invidentes Unidos de Jalisco, la asociación tuvo que promover un amparo tras quedar fuera de una convocatoria estatal de apoyos y, ahora, el Legislativo apenas analiza nuevas alternativas para facilitar el acceso a recursos públicos.
Durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez cuestionó que la asociación haya tenido que recurrir a una vía judicial para buscar el apoyo que, recordó, fue planteado durante la discusión del Presupuesto 2026.
La legisladora sostuvo que no debería ser necesario que la ciudadanía interponga acciones legales para que las autoridades atiendan compromisos asumidos previamente y consideró que los requisitos administrativos para acceder a los recursos terminan excluyendo a organizaciones que atienden a sectores vulnerables.
Además, planteó que el Congreso emita un exhorto para agilizar el acompañamiento institucional y facilitar que la asociación pueda acceder al recurso.
En respuesta, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas Rodrífuez, explicó que la asociación no reúne actualmente todos los requisitos legales para recibir recursos públicos de manera directa, por lo que el Congreso no puede exceptuar los procedimientos establecidos.
No obstante, aseguró que se buscarán alternativas para acompañar a la organización en la regularización de su documentación y explorar otros mecanismos de financiamiento que permitan canalizar apoyos públicos sin contravenir la normatividad vigente.
El caso da continuidad a una gestión iniciada desde finales de 2025, cuando integrantes de Invidentes Unidos de Jalisco solicitaron al Congreso que el Presupuesto 2026 contemplara una asignación mensual de 35 mil pesos para sostener las actividades de la asociación. Aunque diputadas se comprometieron entonces a buscar un mecanismo para respaldarla, finalmente no se etiquetó una partida específica y la organización quedó sujeta a la convocatoria general para asociaciones civiles.
Ahora, mientras el procedimiento judicial sigue su curso, el Congreso analiza nuevas acciones para intentar destrabar el acceso al apoyo económico solicitado desde hace varios meses.
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