Cuatro periodistas de The New York Times fueron citados a comparecer la próxima semana ante un jurado federal como parte de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la filtración de información relacionada con el nuevo avión presidencial Air Force One, donado por Catar.
Los reporteros Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt fueron convocados tras publicar información sobre las presuntas preocupaciones del Servicio Secreto respecto a la seguridad de la aeronave utilizada por el presidente Donald Trump.
De acuerdo con el diario, la investigación busca determinar el origen de la filtración que reveló las inquietudes de las autoridades encargadas de la seguridad presidencial.
La controversia surgió luego de que, tras la cumbre de la OTAN, Trump decidiera viajar inicialmente a bordo del antiguo Boeing que funcionaba como Air Force One rumbo a una base militar en el Reino Unido, antes de abordar posteriormente el nuevo avión.
Según reportes, el mandatario explicó el cambio de aeronave como un acto de "nostalgia", aunque la decisión se produjo después de la publicación de los reportes sobre las dudas en torno al nuevo avión.
El mes pasado, Trump retiró el Boeing 747-200B que había servido como avión presidencial desde la década de 1990 y comenzó a utilizar la aeronave donada por la familia real de Catar.
El nuevo Air Force One ha generado debate en Washington debido al elevado costo de las modificaciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad presidencial, además de cuestionamientos sobre su confiabilidad y posibles conflictos de interés derivados de su origen.
En respuesta a las citaciones, The New York Times anunció que impugnará la orden judicial al considerar que representa una amenaza para la libertad de prensa y el trabajo periodístico.
El principal abogado del medio, David McCraw, calificó la medida como un intento de intimidar a los periodistas y criticó que las notificaciones fueran entregadas directamente en sus domicilios.
"Este acto descarado no debe verse más que como un intento de impedir que el público sepa lo que ocurre en su país, intimidando a los periodistas para que no realicen su trabajo", señaló el abogado en un comunicado.
GR
