El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, Miguel de la Rosa Figueroa, cuestionó dos contratos del gobierno estatal asignados de manera directa a Valhidra, SA de CV, para inhibir señales de telecomunicación e interceptar drones, compromisos por los que se pagarán cerca de 50 millones de pesos (mdp). El legislador señaló que la empresa fue creada en 2020 y que en 2025 cambió su objeto social para incorporar actividades relacionadas con la videovigilancia y monitoreo de seguridad, y seis meses después se le adjudicó el primer contrato.
Para el diputado no hay certeza de que la empresa haya cumplido con los requisitos que marcan las normas federales en materia de seguridad y en particular si tiene los permisos que otorga la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para “vender, comercializar e importar a México equipos de inhibición de comunicaciones, denominado Jammer”.
El diputado destacó además que la empresa no tiene canales de comercialización en redes sociales ni Internet donde se puedan consultar los servicios que presta.
El 5 de septiembre del año pasado, los funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) Andrea Liliana Gómez García, directora general administrativa, y Mario López Santiago, director de Recursos Materiales y Servicios Generales, solicitaron la adjudicación directa del servicio de inhibición de señales de comunicación con el argumento de que una “licitación pública comprometería gravemente la confidencialidad y las estrategias de seguridad” en los centros penitenciarios del estado.
Los funcionarios mencionaron además que la empresa a la que se asignó el contrato “asegura que cuenta con la capacidad para el suministro de los equipos requeridos”, además de garantizar la confidencialidad en el manejo de datos que sean proporcionados.
Cinco días después se entregó la adjudicación directa a Valhidra, SA de CV, “para la adquisición del proyecto denominado Jammer, equipo de inhibición de telecomunicaciones”, por la cantidad de 19 millones 999 mil 800 pesos.
El 13 de noviembre de ese mismo año la Secretaría de Seguridad volvió a solicitar la adjudicación directa a favor de la misma empresa para un sistema integral antidrones por un monto de 29 millones 857 mil 147.20 pesos, esto en virtud de que dos convocatorias anteriores para licitaciones se declararon desiertas.
En este caso el argumento fue que “la evolución de las amenazas aéreas no tripuladas ha superado las capacidades tradicionales de vigilancia, defensa y control en espacios públicos y zonas de seguridad estratégica”.
CASI 50 MDP
Por las adjudicaciones directas asignadas a Valhidra, SA de CV, la Secretaría de Seguridad del Estado acordó pagarle casi 50 millones de pesos: 19 millones 999 mil 800 pesos por el equipo de inhibición de comunicaciones y 29 millones 857 mil 147.20 pesos por el sistema antidrones.
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