El Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario presentó una denuncia penal en contra del SIAPA, fundamentada con archivos periodísticos y reportes de organizaciones de derechos humanos. En el documento, exigen que se abra una carpeta de investigación basada en las auditorías realizadas al organismo entre 2014 y 2025.
De acuerdo con la organización, estos expedientes son herramientas legales que la Fiscalía del Estado no puede ignorar, ya que aportan elementos clave para solucionar la crisis del agua que actualmente se vive en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
María González, coordinadora del instituto, explicó que acudir ante la fiscalía es una ruta crucial para perseguir posibles delitos "En esta más de una década hay delitos porque las auditorias han comprobado corrupción, desvio de fondos, nepotismo, aviadoras y aviadores" comentó.
Para la activista, la responsabilidad no recae únicamente en el SIAPA, sino también en el Congreso del Estado debido a su inacción, al omitir la revisión de cuentas y las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
Aunque las revisiones de desempeño aplicadas al SIAPA han sido escasas, en 2023 se realizó una evaluación específica sobre las condiciones del vital líquido, la cual reveló una caída en los parámetros de potabilidad.
Esta situación coincide con las denuncias públicas ciudadanas que han realizado desde 2021 a la fecha: reportes constantes de agua con fétidos olores, sedimentos y coloración oscura. Para el instituto, estas quejas ciudadanas son la prueba clave para entender las deficiencias del organismo y su falta de mantenimiento.
Finalmente, sobre la carencia de una propuesta financiera concreta para rescatar al SIAPA, la coordinadora manifestó que las autoridades siempre manejan costos imprecisos. Sin embargo, subrayó que antes de inyectar más recursos económicos, lo primordial es aclarar la corrupción de la última década y crear un ente ciudadano o técnico, confiable, que vigile y regularice el dinero que se le otorgue al organismo.
AL
