Aunque incorpora conceptos como “neurodiversidad”, “vida independiente” y “educación inclusiva”, la ley de autismo en Jalisco no resuelve problemas como la falta de cobertura, los tiempos de espera para atención, los requisitos de ingreso y la desigualdad territorial, señaló la colectiva Cuidadoras en Resistencia. La ley fue publicada el 17 de julio en el periódico oficial ‘El Estado de Jalisco’ y actualmente tiene efectos legales.

A través de un posicionamiento, Cuidadoras en Resistencia afirmó que la ley no establece con claridad mecanismos para resolver problemas como las listas de espera, la falta de continuidad en los servicios, los cobros, la exclusión por lugar de residencia y los filtros administrativos para acceder a la atención.

Como ejemplo, la colectiva mencionó el caso del DIF Guadalajara, donde señaló que existen 917 personas en lista de espera y periodos de entre dos y tres años para acceder a los servicios. Pero no es lo único, pues después de ese proceso las familias deben pasar por etapas de trabajo social, visita domiciliaria, evaluación, diagnóstico y valoración integral antes de conocer si pueden recibir atención.

La organización cuestionó que, una vez dentro de los servicios, la atención pueda tener una duración limitada de hasta dos años y un promedio de una sesión semanal, y apuntó que este esquema no representa una garantía permanente de derechos, sino una respuesta condicionada por la capacidad disponible de las instituciones.

Otro de los señalamientos fue la desigualdad territorial. Cuidadoras en Resistencia advirtió que si los servicios dependen de centros municipales con requisitos propios, las personas autistas podrían quedar fuera de la atención por el municipio donde viven, aun cuando exista infraestructura cercana.

La colectiva agregó que el acceso continúa condicionado por factores como diagnóstico, edad, residencia, requisitos de ingreso, demanda, disponibilidad de personal y presupuesto. Afirmó que estos elementos convierten el acceso a los apoyos en un proceso sujeto a filtros administrativos.

También cuestionó que los servicios puedan estar sujetos a estudios socioeconómicos y cuotas, así como a periodos definidos de atención y causales de baja por inasistencias. Señaló que las faltas pueden estar relacionadas con barreras económicas, problemas de transporte, enfermedades, crisis familiares o sobrecarga de cuidados, por lo que consideró que no deberían convertirse en motivo para perder apoyos.

Respecto a Tlajomulco, la colectiva señaló falta de claridad sobre la operación de los servicios anunciados para personas autistas al argumentar que no se han transparentado datos sobre usuarios, presupuesto, capacidad instalada, personal, cobertura o listas de espera.

YA ES OFICIAL

La ley de autismo en Jalisco ya fue publicada el 17 de julio en el periódico oficial ‘El Estado de Jalisco’, por lo que ya tiene efectos legales.

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