Con la reforma a la Ley de Personas Desaparecidas ya presentada, colectivos de búsqueda exigieron que su eventual aprobación se traduzca en presupuesto, personal y acciones concretas, y no quede únicamente en el papel. La iniciativa, elaborada por la Comisión Especial de Desaparición de Personas a partir de un diagnóstico con familias y organizaciones, propone crear una Vicefiscalía especializada, fortalecer la búsqueda inmediata y ampliar los derechos de las víctimas indirectas.

La presidenta de la comisión, Tonantzin Cárdenas, señaló que la propuesta retoma parte de las 50 acciones surgidas del diagnóstico realizado con familiares, colectivos, académicos y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). Se busca fortalecer la coordinación institucional, mejorar la atención fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, capacitar al personal y garantizar el derecho de las personas a ser buscadas.

Destacó que la iniciativa crea una Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, elimina cualquier plazo de espera para iniciar las búsquedas, fortalece la Comisión Estatal de Búsqueda y amplía los derechos de las familias, con el reconocimiento de la familia social, el acceso gratuito a las carpetas de investigación y el respeto a la identidad de género. Añadió que fue suscrita por todos los grupos parlamentarios.

Esperanza Chávez, del colectivo Por Amor a Ellas y Ellos y hermana de Miguel Ángel Chávez Cárdenas, desaparecido en 2014, recordó que entonces las familias carecían de mecanismos claros para exigir la búsqueda. Reconoció los avances legales, pero afirmó que ahora el reto es garantizar su cumplimiento.

Marta Morales, también integrante de Por Amor a Ellas y Ellos, respaldó la reforma, pero insistió en que deberá acompañarse de recursos, personal capacitado y seguimiento público. Además, pidió fortalecer al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para garantizar procesos dignos de identificación y entrega.

Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, afirmó que las familias han enfrentado años de revictimización y falta de respuesta institucional. Aunque reconoció el trabajo realizado, advirtió que la reforma será insuficiente si no se combate la corrupción y la impunidad.

Por su parte, Marta García, del colectivo Entre Cielo y Tierra, recordó que aún están pendientes reglamentos, células municipales de búsqueda y el Programa Estatal de Búsqueda previsto desde la ley de 2021. También pidió que la Comisión Especial de Desaparición se convierta en permanente.

Jonathan Ávila, del CEPAD, llamó al Congreso a discutir la propuesta con criterios técnicos y a partir de la experiencia de las familias buscadoras.

CES