La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen para reformar la Constitución estatal que, entre otros cambios, crea dos fiscalías especializadas con autonomía de gestión, técnica, administrativa y presupuestal: una para investigar delitos de violencia de género contra las mujeres y otra para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. 

La reforma reúne seis iniciativas de la LXIV Legislatura y armoniza la Constitución de Jalisco con cambios federales en materia de igualdad sustantiva, derechos humanos y procuración de justicia. También incorpora el derecho a una vida libre de violencias, fortalece la igualdad sustantiva y establece la perspectiva de género como principio para la actuación de las autoridades.

Entre los cambios destaca elevar a rango constitucional la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que sustituirá el esquema de vicefiscalía para contar con autonomía plena. Además, se crea la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres.

Las personas titulares de ambas fiscalías serán designadas por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a partir de una terna enviada por el Ejecutivo tras una convocatoria pública. Durarán siete años en el cargo y no podrán ser reelectas.

La reforma también establece en la Constitución la igualdad salarial entre mujeres y hombres en el servicio público, al señalar que a trabajo igual corresponderá remuneración igual, además de ordenar acciones para reducir y erradicar la brecha salarial de género en los poderes públicos, municipios y organismos autónomos.

Durante el análisis, la comisión descartó incorporar a la Constitución el derecho a la búsqueda y los derechos a la memoria y a la verdad, al considerar que ya están protegidos en la legislación vigente. El dictamen señala que, en materia de desapariciones, el principal reto es operativo y no de marco jurídico.

Continúa su ruta legislativa rumbo a su discusión en el pleno.

CES