Solo uno de los responsables de la contratación de Elizabeth Castro Cárdenas como asesora técnica del anterior director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Antonio Juárez Trueba, se mantiene en el cargo. Se trata de quien la contrató, el subdirector de Recursos Humanos, Rusell Rubén Ruvalcaba Guerra.
El funcionario, quien ingresó en marzo de 2022 al Siapa, fue señalado en la investigación del caso Eli Castro que llevó a cabo el Órgano Interno de Control (OIC) del organismo por su presunta responsabilidad en cometer “faltas administrativas graves de abuso de funciones y de contratación indebida”.
Los señalamientos contra Ruvalcaba Guerra surgieron porque fue él quien tuvo acceso al expediente de Castro Cárdenas, del que se desprende que no tiene el perfil para ocupar el cargo por el que el Siapa le pagaba más de 73 mil pesos mensuales.
En el expediente del OIC, que fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), se señala al funcionario por “participar en el proceso de contratación, así como la firma de los contratos de la ciudadana Elizabeth Margarita Castro Cárdenas, cuando la antes mencionada no cubre el perfil de puestos, el que en su punto 7.1 establece como requerimiento ideales de estudios académicos o competencias la carrera profesional terminada y que preferentemente debe ser en ingeniería civil, hidráulica, arquitectura o áreas afines, así como un área de especialidad requerida, siendo ésta de procesos de agua potable y alcantarillado”.
Como prueba se adjuntan los documentos presentados por Castro Cárdenas, entre los que están sus comprobantes de estudios, siendo el más reciente un certificado de preparatoria, la cual cursó en un año y medio, de febrero de 2018 a agosto de 2019, en el Instituto de Educación Avanzada (Idea).
Lo anterior significa que Elizabeth Castro ocupó cargos anteriores con sólo la secundaria terminada, como titular de direcciones en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en la gestión del emecista Ramón Guerrero Martínez; en las Fiestas de Octubre, en el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, y en la Secretaría de Vialidad y Transporte, en las administraciones de los panistas Emilio González Márquez y Francisco Ramírez Acuña, y en la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención Social y Readaptación Social y en la Secretaría General de Gobierno (SGG) en la gestión del panista Alberto Cárdenas Jiménez.
Toda la información de los antecedentes laborales y educativos de la conductora del programa musical “Qué quiere la banda” están en el expediente que recibió Rusell Ruvalcaba Guerra para contratarla.
Por ello, el OIC determinó que el funcionario incurrió en actos u omisiones arbitrarias, “dada su intervención en la contratación de la ciudadana Elizabeth Castro Cárdenas, quien fue contratada con el nombramiento de asesor técnico, dependiente de la Dirección General” del Siapa, “intervención que quedó de manifiesto con su firma autógrafa en los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado signados que, en su conjunto, comprenden el periodo del primero de marzo al 30 de junio del año 2025”.
La gravedad fue determinada porque en el cargo para el que se contrató a Castro Cárdenas debía cumplir con funciones relacionadas con la distribución de agua, un “servicio público que otorga, contribuye a la salud y el bienestar de la población”.
Entre esas responsabilidades del cargo para el que fue contratada está la coordinación de planes de mejoramiento técnico de la infraestructura del Siapa; elaborar proyecciones presupuestales para la realización de los proyectos planteados a la Dirección General; realizar asesoramiento técnico a las áreas que lo requieran; analizar documentación técnica y elaborar un análisis conforme a los requerimientos de las diferentes áreas del organismo, y coordinar actividades relativas a su ámbito laboral con las áreas involucradas, entre otras.
En el proceso contra Rusell Ruvalcaba Guerra también se determinó que incurrió en contratación indebida, ya que el perfil de puestos exigía además experiencia de al menos dos años en obras de sistemas hidráulicas y administración de proyectos, “lo que de manera arbitraria no se tomó en cuenta”.
Puntualiza que “dichos requisitos constituyen un impedimento legal para cualquier persona que no cumpliera con los requisitos legales establecidos en el perfil de puestos, documento legalmente aprobado y vinculante para los servidores públicos” del Siapa.
Además de Ruvalcaba Guerra, el OIC del Siapa determinó que en el caso Eli Castro también incurrieron en falta grave el ex director del Siapa, Antonio Juárez Trueba; el ex director de Administración, Carlos Alberto Patiño Velázquez, y la propia Elizabeth Castro, quien ya no labora en el sistema desde el 30 de junio.
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