Los nuevos lineamientos sobre derechos de audiencia constituyen un intento deliberado por regular contenidos, advirtió Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19 y designado Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU. El especialista enfatizó que el Estado no puede asumir el rol de “tribunal de la verdad”, pues ello abre la puerta a abusos contra la libertad de prensa.

Maldonado señaló que, aunque históricamente han existido mecanismos gubernamentales para contradecir o debatir con los medios, la diferencia radica en que esta medida contempla sanciones financieras directas. Esta situación, alertó, terminará por provocar autocensura: “Basta con que entren en vigor para generar un temor inhibitorio. Cuando las concesionarias de radio y televisión vean las multas, nadie querrá arriesgarse y terminarán modificando sus líneas editoriales; ese es el principal objetivo”.

El maestro en derechos humanos advirtió que el documento representa un exceso de facultades sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones. Al ser una disposición emitida directamente por el Ejecutivo, criticó que el texto esquivará la discusión en el Congreso.

Por ello, hizo un llamado a la sociedad a participar en la consulta pública de 20 días y urgió al Gobierno de México a retirar la propuesta para adecuarla a los estándares internacionales.

Finalmente, Maldonado recordó que los organismos internacionales prohíben expresamente que los gobiernos auditen, controlen o supervisen los contenidos informativos: “Si existe un caso de abuso en el ejercicio de la libertad de expresión, corresponde a los ciudadanos agraviados activar las vías legales, nunca al gobierno”.

AL