El excomisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá, aseguró que la desaparición del organismo generó un retroceso en el derecho de acceso a la información, al señalar que el nuevo modelo dejó a las autoridades como juez y parte en la decisión sobre qué datos públicos se entregan a los ciudadanos.
Adrián Alcalá explicó que, a casi un año y medio de la eliminación del INAI, el esquema actual de transparencia se encuentra fragmentado, debido a que distintas instituciones cuentan con sus propios órganos garantes. Señaló que a nivel federal se han incrementado las reservas de información y disminuyeron los recursos de revisión presentados por ciudadanos, además de que no existen sesiones públicas ni criterios claros sobre cómo se resuelven las inconformidades.
El experto destacó que uno de los principales problemas es la falta de un organismo autónomo que revise las decisiones del gobierno cuando se determina reservar información, pues consideró que la imparcialidad se ve afectada cuando las autoridades son quienes designan a sus propios órganos de vigilancia.
Sin embargo, reconoció que las nuevas disposiciones en materia de transparencia pueden representar avances si realmente permiten abrir información sobre contratos y recursos públicos.
Sobre los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias, Adrián Alcalá advirtió que podrían representar un riesgo para la libertad de expresión y el derecho de las personas a recibir información. Señaló que cualquier regulación debe respetar los principios constitucionales de progresividad de los derechos humanos y evitar restricciones sobre los contenidos que los ciudadanos pueden escuchar o consultar.
Finalmente, el excomisionado presidente del INAI afirmó que en una democracia es indispensable contar con contrapesos que permitan vigilar al poder público y evitar concentraciones de autoridad, por lo que llamó a la sociedad a seguir utilizando las herramientas disponibles para exigir transparencia y rendición de cuentas.
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GR
