Para regular este vacío legal, de las "campañas adelantadas" el Instituto Nacional Electoral (INE) desplegó acciones desde dos frentes: la Comisión de Fiscalización, encargada de monitorear el origen y destino de los recursos, y la Comisión de Quejas y Denuncias, orientada a delimitar los límites de los discursos y posicionamientos públicos.
Sin embargo, la consejera electoral Carla Humphrey reveló que, junto con dos integrantes del Consejo General, ha insistido sin éxito desde mayo en aprobar lineamientos específicos de fiscalización que permitan auditar qué hacen y en qué gastan las y los aspirantes.
Humphrey aclaró que la determinación sobre si un evento constituye un acto anticipado de precampaña o campaña en contiendas locales (gubernaturas, alcaldías o diputaciones locales) recae en los Institutos Electorales locales.
A partir de lo que resuelvan dichas autoridades, el INE tendría que clasificar los recursos financieros: “Si la autoridad determina que se trata de procesos políticos internos ordinarios, los gastos se fiscalizan en los informes anuales del partido; pero si se dictamina que son actos anticipados, esos montos deben cargarse directamente a los informes y topes de gasto de precampaña o campaña”, explicó la consejera.
Finalmente, Humphrey lamentó que la mayoría del Consejo General y los representantes partidistas hayan postergado en al menos dos ocasiones la discusión de este reglamento argumentando falta de tiempo para su revisión. La consejera advirtió que no haber aprobado estos criterios desde mayo representa una omisión grave en la función fiscalizadora de la autoridad electoral, dejando un margen insostenible de opacidad sobre el origen del dinero en la contienda.
AL
