A casi 12 años de los hechos, exfuncionarios de distintos niveles han sido detenidos, sentenciados o procesados, mientras Tomás Zerón continúa prófugo en Israel.
El caso Ayotzinapa no solo ha dejado una investigación abierta sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. A lo largo de casi 12 años, las indagatorias también han alcanzado a funcionarios de distintos niveles, desde autoridades estatales hasta mandos militares y servidores públicos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
El más reciente señalado es el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien fue detenido por su presunta responsabilidad en el ocultamiento y destrucción de evidencia relacionada con la desaparición de los normalistas ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Sin embargo, Aguirre Rivero no es el primer funcionario de alto nivel en enfrentar consecuencias judiciales por este caso.
Uno de los principales nombres es el del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien fue detenido en 2022. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Actualmente cumple la medida cautelar de prisión domiciliaria en la Ciudad de México.
Otro de los casos corresponde al general José Rodríguez Pérez, quien en septiembre de 2014 se desempeñaba como comandante del 27 Batallón de Infantería.
Las investigaciones lo señalaron por presuntamente tener conocimiento, en tiempo real, de las agresiones cometidas contra los estudiantes y por su presunta participación en la desaparición y asesinato de seis normalistas que, de acuerdo con las indagatorias, permanecían con vida varios días después de los hechos.
Rodríguez Pérez permaneció aproximadamente dos años en prisión y posteriormente obtuvo su libertad para continuar su proceso fuera de prisión.
En una situación similar se encuentra Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Ministerial Federal de la PGR.
Su nombre quedó relacionado con el caso después de la difusión de un video en el que se observa a elementos de la entonces PGR presuntamente torturando a Carlos Canto, uno de los primeros detenidos durante las investigaciones por la desaparición de los estudiantes. Gómez Arrieta también continúa su proceso en libertad.
La investigación alcanzó además a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. La magistrada fue sentenciada y actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad y estado de salud.
Otro de los funcionarios procesados es Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien estuvo al frente de la Unidad Antisecuestros de la entonces PGR. Fue señalado por su participación en las investigaciones del caso y actualmente permanece recluido en un penal de la Ciudad de México.
Tomás Zerón, el funcionario que permanece prófugo
Uno de los principales pendientes de la investigación es Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR y colaborador cercano de Jesús Murillo Karam durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Sobre Zerón existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos como tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia. Sin embargo, permanece prófugo en Tel Aviv, Israel, país al que huyó y donde se mantiene fuera del alcance de las autoridades mexicanas.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continúa abierto a casi 12 años de aquella noche de septiembre de 2014. Mientras las investigaciones han llevado ante la justicia a funcionarios y mandos de distintas instituciones, las familias de los normalistas mantienen su exigencia de conocer qué ocurrió con sus hijos y de que todos los responsables sean llevados ante la justicia.
AL
