A una década de los hechos y después de más de cuatro años de proceso legal, el caso de Daniela Báez, quien denunció a un profesor de la Universidad de Guadalajara (UdeG) por abuso sexual, llegará a juicio oral; sin embargo, antes de esta etapa, la víctima expresó preocupación por un posible conflicto de interés debido a que el juez que encabezará el juicio, Iván Gómez Vega, mantiene una relación laboral como docente con UdeG.
Daniela, quien denunció haber sido víctima del delito cuando era estudiante de preparatoria, recordó que durante una etapa anterior del proceso también intervino un juez que, según su pronunciamiento, era trabajador de la UdeG. Señaló que entonces se desestimaron pruebas, su expediente fue extraviado y no se remitió un recurso de apelación de la Fiscalía, por lo que promovió un juicio de amparo que derivó en la continuación del proceso.
Ahora, señala que Gómez Vega aparece como docente del Centro Universitario del Norte (CUNorte). Su preocupación radica en que durante el juicio se analizará no solo al imputado, sino también posibles omisiones de trabajadores e instancias de la UdeG relacionadas con el caso.
De acuerdo con Daniela, esas omisiones fueron acreditadas por la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Sistema de Educación Media Superior de la UdeG mediante los dictámenes 03/04/2023 y 03/03/2024.
Entre las pruebas que serán desahogadas están su testimonio, declaraciones de testigos, actuaciones de policías investigadores, dictámenes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el testimonio de una psicóloga que la atendió antes de presentar la denuncia.
La víctima también señaló las dificultades para que una denuncia llegue hasta un juicio oral. Citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para destacar que solo una proporción reducida de las carpetas de investigación alcanza esta etapa y sostuvo que su caso forma parte de ese pequeño porcentaje.
Ante el inicio del juicio, Daniela pidió que las pruebas sean valoradas con estricto apego a derecho, ética judicial y sin revictimización. También exigió que el vínculo laboral del juez con la UdeG no represente un conflicto de interés.
“Exijo que dicha interpretación se realice estrictamente apegada a derecho, que se ejerza con ética judicial y esté libre de cualquier forma de revictimización y conflicto de interés”, expresó.
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