El constitucionalista y académico Francisco Burgoa consideró necesario que México avance en la regulación de la inteligencia artificial y las redes sociales, pero advirtió que cualquier legislación debe evitar una regulación excesiva que pueda convertirse en censura indirecta o inhibir la libertad de expresión.
Francisco Burgoa señaló que la inteligencia artificial cada vez tiene mayor presencia en la vida cotidiana y que uno de los principales retos será garantizar la protección de los datos personales, debido a que estas herramientas tienen acceso a información que los propios usuarios les proporcionan.
Como ejemplo, mencionó el caso de jóvenes que utilizaron inteligencia artificial durante el proceso de admisión a la UNAM, lo que obligó a las autoridades universitarias a repetir el examen, pero de forma presencial.
El académico sostuvo que México debe analizar las experiencias internacionales, como la regulación desarrollada en Europa, pero subrayó que el objetivo no debe ser limitar el uso de la tecnología, sino establecer reglas claras sobre qué información puede recopilarse, cómo puede utilizarse y cuáles deben ser sus límites.
El especialista coincidió en que la regulación de las redes sociales debe poner especial atención en las empresas que operan estas plataformas y no sólo en los usuarios. Consideró que la inteligencia artificial y las redes sociales pueden contribuir al aprendizaje y al desarrollo de capacidades, siempre que no generen dependencia.
El constitucionalista advirtió sobre los riesgos de utilizar la regulación tecnológica como mecanismo de control de contenidos.
Afirmó que la libertad de expresión es uno de los pilares de una democracia y que los ciudadanos deben tener la posibilidad de cuestionar al gobierno y sus políticas sin temor a represalias.
En ese sentido, Francisco Burgoa manifestó su preocupación por los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias que están en consulta, porque contemplan procedimientos de sanción para medios de comunicación.
Explicó que las multas, que pueden ir de 0.01 hasta el uno por ciento de los ingresos de una televisora o radiodifusora, podrían generar un efecto inhibitorio en los medios, que optarían por evitar contenidos polémicos para no exponerse a una sanción.
El académico señaló que los artículos sexto y séptimo de la Constitución protegen la libertad de expresión y la difusión de ideas, por lo que consideró fundamental evitar cualquier mecanismo que pueda convertirse en censura indirecta.
La consulta sobre los lineamientos concluirá el próximo 21 de agosto, por lo que Burgoa adelantó que será necesario revisar su contenido y sus posibles efectos sobre la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a recibir información.
GR
