Tras no sesionar en tres ocasiones consecutivas por falta de quórum, la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso de Jalisco finalmente avanzó este miércoles en dos dictámenes que establecen el ‘8 de 8 contra la violencia’ como requisito para ocupar cargos en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como en puestos directivos y técnicos del propio Congreso.
Uno de los dictámenes reforma las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo de Jalisco. En el Judicial, los requisitos aplicarían a secretarios, jueces y titulares de áreas administrativas y de contraloría, entre otros cargos.
En el Ejecutivo, la reforma contempla a titulares de secretarías, dependencias y entidades estatales. Las comisiones señalaron que, si estos requisitos aplican para la gubernatura, también deben extenderse a quienes integran la estructura de gobierno.
Durante el análisis, las comisiones ampliaron la propuesta para incorporar el catálogo completo del artículo 38 constitucional, que incluye delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexual, violencia familiar, violación a la intimidad sexual, violencia política de género y ser deudor alimentario moroso.
El segundo dictamen reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer los mismos requisitos en cargos directivos, técnicos y administrativos del Congreso de Jalisco.
La medida contempla puestos como la Secretaría General, Contraloría, coordinaciones de área, órganos técnicos, el Centro de Estudios Legislativos y el Sistema de Radio y Televisión del Congreso.
Las comisiones señalaron que las reformas buscan elevar los estándares de ética pública y evitar que personas contempladas en el esquema de “8 de 8” ocupen cargos estratégicos. Los cambios no generarían impacto presupuestal y aplicarían a futuras designaciones.
El avance ocurre luego de que la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, Candelaria Ochoa, cuestionara la falta de asistencia de integrantes del órgano legislativo.
Los deberán continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de su eventual discusión y votación en el Pleno del Congreso.
jl/I
