El juez de control Luis Ignacio “N”, suspendido tras modificar la medida cautelar que mantenía en prisión preventiva al exdirector del DIF Jalisco, Lucio “N”, ya contaba con antecedentes de actuaciones que habían generado preocupación dentro del Poder Judicial, entre ellas un caso reciente en el que habría revocado una determinación que él mismo había emitido semanas antes.
El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, confirmó que el juzgador tenía aproximadamente 10 años en el cargo y que ya enfrentaba algunos trámites de investigación cuando el Consejo de la Judicatura decidió suspenderlo de sus funciones.
Explicó que, aunque el Consejo de la Judicatura no interviene directamente en las decisiones jurisdiccionales de los jueces, sí tiene facultades para vigilar, administrar y, en su caso, investigar y sancionar posibles irregularidades en el desempeño de los servidores públicos del Poder Judicial.
Álvarez Pulido señaló que la suspensión del juzgador se determinó luego de advertir, de manera preliminar, una actuación que podría contravenir principios de legalidad y debida diligencia, particularmente por la decisión que tomó en el caso de Lucio “N”.
Recordó que el pasado 12 de agosto el propio juez había dictado prisión preventiva oficiosa contra el exdirector del DIF Jalisco, al tratarse de un proceso por el presunto delito de violación, uno de los ilícitos contemplados en la Constitución para la aplicación de esta medida.
Sin embargo, apenas una semana después, el juzgador modificó por iniciativa propia esa determinación y permitió que el imputado continuara su proceso en libertad, decisión que ahora forma parte de la investigación administrativa.
El magistrado explicó que existe además otro caso reciente que generó preocupación, debido a que el juez habría tomado una decisión que podía contradecir una resolución que él mismo había emitido previamente. Aunque aclaró que no se trata de un caso idéntico al de Lucio “N”, consideró que la acumulación de situaciones fue un factor para determinar que existía un riesgo importante en mantenerlo al frente de un juzgado.
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