Los funcionarios públicos tienen la obligación constitucional de garantizar y respetar los derechos de las personas, incluyendo la libertad de expresión y el acceso a la información, los cuales no pueden ser restringidos arbitrariamente por el Gobierno, aseveró María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.

La especialista expresó que existe una profunda preocupación en sectores nacionales e internacionales ante la discusión de lineamientos que podrían utilizarse como mecanismos de censura o autocensura.

Molina advirtió que otorgar al Gobierno la facultad de multar o sancionar a periodistas y medios por difundir información incómoda provocará que las empresas de comunicación prefieran callar para evitar riesgos financieros, privando a la sociedad de datos para ejercer la crítica y formar una opinión propia.

Respecto a la ‘Mañanera', Molina señaló que desde hace más de seis años se realiza en dicha conferencia un ejercicio donde se señalan presuntas mentiras de medios, redes sociales y ciudadanos para negar información que incomoda al poder.

Finalmente, la presidenta de la asociación lamentó que se adopte un esquema que encamina al país hacia un modelo totalitario al eliminar los contrapesos institucionales, recordando que el último contrapoder radica en el periodismo, los medios de comunicación y la propia ciudadanía.

"Como sociedad no debemos entregar nuestra república a un régimen que quiere autoprotegerse, ser autoritario, totalitario y permanecer en el poder el tiempo que quiera, porque obviamente no habrá garantías democráticas ya que se han ido destruyendo", concluyó.

AL