Aunque los lineamientos para el derecho de las audiencias parten de un argumento legítimo, las discusiones en los foros especializados revelan que podrían terminar otorgando al Estado facultades que pongan en riesgo la libertad de expresión, al permitir la evaluación, clasificación o fraccionamiento de contenidos periodísticos y editoriales.
Juan Vázquez, oficial de comunicación de la organización Artículo 19, advirtió que prevalece la incertidumbre debido a la falta de criterios claros para aplicar sanciones:
"Todavía permanecen las discusiones de cómo funcionará la comisión reguladora frente a la falta de independencia de la agencia", señaló el especialista.
El integrante de Artículo 19 enfatizó que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la rendición de cuentas. En ese sentido, cuestionó cómo se garantizará el ejercicio libre del periodismo y la crítica cuando la ambigüedad en las reglas abre la puerta a interpretaciones nocivas.
Advirtió además que, con el fin de evitar sanciones, los medios podrían incurrir en el autocontrol, generando un efecto inhibidor en sus coberturas informativas.
Finalmente, Vázquez subrayó la importancia de que la ciudadanía cuente con herramientas para diferenciar entre el discurso de odio y la crítica legítima. Indicó que los lineamientos deben garantizar la protección del ejercicio crítico hacia las autoridades mediante una verdadera rendición de cuentas con las audiencias, un compromiso que el propio Gobierno debe asumir con estricta responsabilidad.
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