El presidente del Comité de Independencia Judicial del Colegio de Secretarios y Actuarios del Consejo de la Judicatura Federal, Francisco Javier López, advirtió que, a casi un año de la implementación de la reforma al Poder Judicial, persisten graves problemas de rezago, condiciones laborales y vacíos legales que afectan el funcionamiento de la justicia.
Señaló que la falta de creación de nuevos órganos jurisdiccionales y la desaparición de algunos tribunales han provocado un retraso considerable en la emisión de sentencias, lo que afecta directamente a los ciudadanos que buscan acceso a la justicia.
También cuestionó las condiciones laborales de secretarios y actuarios. Afirmó que existen tribunales sin papel, impresoras, agua potable y aire acondicionado, mientras que los salarios de estos trabajadores permanecen congelados desde 2018, pese a que la inflación acumulada ronda el 40 por ciento.
Sobre la resolución de un juez de distrito de Zapopan que cuestiona aspectos de la reforma, consideró que debe analizarse con reserva, aunque destacó que reconoce una posible afectación a la carrera judicial, la cual representa una garantía para los justiciables al establecer filtros de preparación y experiencia para quienes imparten justicia.
Sostuvo que la elección popular de jueces y magistrados puede generar una mayor influencia política en las decisiones judiciales y debilitar la división de poderes. También señaló que hubo deficiencias en el procedimiento legislativo con el que se aprobó la reforma.
Finalmente, advirtió que existen contradicciones constitucionales sobre la elección de la presidencia de la Suprema Corte y la sustitución de magistraturas electorales vacantes. Consideró que estos vacíos podrían generar disputas políticas y que, más allá de las interpretaciones jurídicas, las decisiones terminen dependiendo del poder en turno.
GR
