Los hechos de violencia extrema registrados en Jalisco han ubicado a la entidad en el décimo lugar a nivel nacional en este rubro. De acuerdo con el defensor de derechos humanos Edgar Cortez, esta escalada responde a la unión entre células delictivas locales y grandes cárteles nacionales.

El especialista señaló que a esta situación se suma la debilidad estructural de las instituciones de seguridad y justicia, la complicidad o corrupción de ciertas autoridades estatales con grupos delictivos y la impunidad por la falta de investigaciones penales adecuadas.

Frente a este escenario, Cortés urgió a los gobiernos a implementar labores de inteligencia penal y de seguridad con un enfoque macrocriminal. Explicó que los delitos no deben indagarse como casos aislados, sino como fenómenos complejos articulados por redes de macrocriminalidad.

El activista enfatizó que la coordinación entre las áreas de inteligencia local y nacional es indispensable para desarticular a estas organizaciones. No obstante, advirtió que la desconfianza hacia las corporaciones estatales por presuntos vínculos con el crimen organizado frena el intercambio de información. Para resolverlo, consideró indispensable aplicar procesos de depuración policial.

Respecto a la crisis de desaparición forzada que afecta principalmente a la juventud en Jalisco, Cortés planteó la aplicación de políticas integrales de inteligencia focalizadas en los municipios con mayor índice de casos.

Aseguró que al identificar con precisión los territorios y el perfil de las víctimas, las autoridades pueden optimizar recursos y actuar con mayor eficacia.

Finalmente, subrayó que la estrategia no debe dejar de lado la prevención, por lo que urgió a las autoridades a diagnosticar qué factores llevan a las y los jóvenes a ver en el crimen organizado un estilo de vida, para así ofrecerles alternativas reales de desarrollo.

AL