Habitantes del complejo residencial Latitud Providencia cuestionaron la actuación del Ayuntamiento de Guadalajara al haber otorgado el certificado de habitabilidad al desarrollo, a pesar de las deficiencias y los riesgos constantes que enfrentan en sus instalaciones.

Gerónimo Gómez Cantú, residente de las torres, informó que en múltiples ocasiones han solicitado un dictamen técnico elaborado por un perito independiente a la empresa desarrolladora Abilia. Enfatizó que es urgente un peritaje imparcial para evaluar si la edificación se construyó en estricto apego a las licencias y planos autorizados por la autoridad municipal.

A las fallas estructurales se suma la falta de transparencia en el manejo de las finanzas internas. Los condóminos pagan una cuota mensual de 42 pesos por metro cuadrado, pero denuncian que la administración omite rendir cuentas sobre el destino de los recursos.

"No sabemos cuánto dinero ingresa, cuánto hay acumulado ni la cantidad disponible. Es injusto e incorrecto que se oculte tal información a los propietarios", recriminó Gómez Cantú.

Los afectados señalaron que han intentado solucionar el conflicto por la vía de la conciliación. Gómez Cantú detalló que sostuvo un primer acercamiento en la Ciudad de México con la dirección general de la constructora Abilia, donde le prometieron apertura; sin embargo, al darle seguimiento en Guadalajara, rechazaron la intervención del ingeniero perito propuesto por los vecinos.

Ante la falta de acuerdos y la negativa de la administración para transparentar los gastos, un grupo de condóminos alista acciones legales ante un juez civil para obligar a la empresa a convocar a asambleas generales ordinarias donde todos los propietarios tengan voz y voto.

AL