Sin esperar una denuncia formal para iniciar la investigación y con nuevas herramientas para prevenir la captación de menores por grupos delictivos, el Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad dos medidas relacionadas con desapariciones y reclutamiento forzado.
La primera reforma establece que el delito de desaparición forzada se perseguirá de oficio cuando la autoridad tenga conocimiento del hecho por cualquier medio o reporte. Esto implica que la actuación de las autoridades no dependerá de que una familia o persona presente formalmente una denuncia para comenzar la investigación penal.
El cambio también establece en el Código Penal de Jalisco que la desaparición forzada es un delito permanente e imprescriptible, por lo que su persecución no estará sujeta a un plazo de prescripción. La reforma aprobada se limitó al artículo 154-A del Código Penal estatal.
En paralelo, el legislativo aprobó una nueva legislación para prevenir y atender el reclutamiento de infancias y adolescencias por grupos delictivos.
La ley plantea crear una Comisión Interinstitucional encargada de coordinar las acciones de prevención y seguimiento. Estará encabezada por el gobernador e integrada por autoridades de seguridad, educación, salud, Fiscalía, búsqueda de personas, DIF, atención a víctimas, juventudes y SIPINNA, además de la CEDHJ y el Supremo Tribunal de Justicia, entre otras instancias.
También contempla un Programa Estatal que concentrará las políticas de prevención y erradicación del reclutamiento, además de un sistema de datos e indicadores y la participación de universidades, organizaciones de la sociedad civil y consejos infantiles y juveniles.
Entre las acciones previstas se encuentran programas de crianza positiva y apoyo psicosocial para familias en situación de riesgo, estrategias para prevenir la deserción escolar, actividades culturales y deportivas en zonas prioritarias y brigadas para detectar posibles casos en entornos escolares.
La legislación incorpora además medidas relacionadas con el entorno digital. La Secretaría de Seguridad, la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas deberán implementar protocolos para identificar riesgos de reclutamiento en redes sociales y videojuegos de interacción digital, además de solicitar el bloqueo de páginas vinculadas con estas actividades conforme al marco federal.
Durante el análisis de la propuesta, UNICEF México planteó la creación de un Sistema Estatal de Alerta Temprana que permita activar acciones ante situaciones como posibles casos de reclutamiento cerca de escuelas, desapariciones de menores en zonas con antecedentes de captación o incrementos súbitos de violencia.
Ambas medidas fueron aprobadas por unanimidad por el Pleno del Congreso de Jalisco.
CES
