La jueza Cuarta de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco concedió la suspensión definitiva de las obras del proyecto de viviendas para policías en Mirador de San Isidro, por lo que las autoridades deberán mantener detenidos los trabajos mientras continúa el juicio de amparo. Con las obras frenadas, corresponde al gobernador Pablo Lemus definir el futuro del proyecto.
La resolución fue emitida este jueves 10 de septiembre dentro del expediente 1517/2026-II. La medida impide ejecutar, autorizar o permitir trabajos de movimiento de tierras, retiro de vegetación, excavaciones o modificaciones topográficas en el terreno de 12 mil 830.79 metros cuadrados destinado al proyecto habitacional Legado.
La jueza Diana Judith Ortiz Salas también ordenó a las autoridades verificar y realizar las gestiones necesarias para asegurar el cese de las obras. La suspensión sí permite trabajos estrictamente necesarios para atender situaciones de seguridad, como estabilizar taludes, contener derrumbes o evitar inundaciones, siempre que no impliquen avances del proyecto inmobiliario.
Para conceder la suspensión, la jueza consideró acreditado de manera indiciaria el interés legítimo de los vecinos y tomó en cuenta que el predio había sido destinado originalmente como área de donación estatal para servicios públicos. La resolución señala que su alteración para uso habitacional puede implicar riesgos ambientales e hídricos de interés social.
La suspensión permanecerá vigente hasta que se dicte una sentencia firme en el juicio de amparo.
El terreno, sin embargo, continúa siendo propiedad del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI). La resolución judicial tampoco define el destino final del predio, pues la audiencia constitucional, en la que se analizará el fondo del amparo y la legalidad de la donación y los permisos relacionados con el proyecto, fue aplazada y todavía no tiene nueva fecha.
Durante la audiencia también fue desechada una prueba de inspección judicial ofrecida por autoridades estatales, al considerar que los aspectos ambientales, hidrológicos y ecológicos planteados por los vecinos requieren pruebas técnicas y científicas.
Ante esta decisión, la representación del Gobierno estatal interpuso un recurso de queja, que será enviado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito para su resolución.
A partir de ahora, la decisión sobre el futuro del predio y una eventual modificación del proyecto queda en manos del gobernador Pablo Lemus, quien deberá responder a la propuesta de cambio de terreno y definir cuándo se reunirá con los vecinos. Hasta este viernes, los habitantes de Mirador de San Isidro tampoco han recibido respuesta sobre la reunión que les ofreció.
AL
