La Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas investiga una posible colusión de autoridades municipales con los responsables de una vivienda que operaba como hospital clandestino en Tecalitlán, donde fueron localizadas y rescatadas ocho personas que presuntamente habían sido reclutadas de manera forzada por un grupo criminal. La finca, no era arrenda, debido a que los dueños originales ya habían fallecido y se busca a los hijos, que serían quienes se quedaron con ella.
La vicefiscal Blanca Trujillo Cuevas señaló que la eventual participación de servidores públicos forma parte de las líneas de investigación, debido a que el inmueble habría operado durante un periodo prolongado.
“Siempre es una parte que es materia de investigación en caso de que se detectara algún tipo de conocimiento previo, colusión o algo; la investigación seguiría su rumbo también contra servidores públicos”, explicó.
La funcionaria aclaró que hasta el momento no existe una investigación directa contra funcionarios municipales, pero indicó que las indagatorias continuarán hasta esclarecer cómo pudo operar durante tanto tiempo el inmueble utilizado para mantener y atender a las víctimas.
De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía, las ocho personas permanecían contra su voluntad en la finca y aparentemente habían sido víctimas de reclutamiento criminal. Algunas presentaban golpes y heridas producidas por impactos de arma de fuego.
Trujillo Cuevas informó que los familiares de las ocho personas desconocían su paradero y que las víctimas habrían sido obligadas a participar en enfrentamientos, donde resultaron lesionadas.
Respecto al inmueble, la vicefiscal explicó que los propietarios de la vivienda fallecieron y actualmente se investiga qué familiar tenía la disposición del inmueble para determinar quiénes estaban relacionados con su funcionamiento.
En el caso de las seis personas detenidas durante el operativo, señaló que se reservaron su derecho a declarar tanto ante el Ministerio Público como durante su imputación, por lo que continúan sujetos al proceso correspondiente.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar quiénes participaron en el reclutamiento y retención de las víctimas, así como si existió algún grado de conocimiento o colaboración de servidores públicos.
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