A través del artículo académico ‘Gobernanza climática y responsabilidad patrimonial del Estado: La omisión adaptativa frente a riesgos socioambientales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)’, la académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Miryam Elizabeth Araceli Michel Ortiz planteó que se sancione a los gobiernos omisos ante las inundaciones de la ciudad.
La investigadora parte de la premisa de que en la metrópoli las inundaciones dejaron de ser imprevisibles gracias a los estudios e instrumentos que tiene el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del AMG (Imeplan), el problema es que las autoridades no los toman en cuenta en la planeación.
“Se identificó que los eventos de inundación pluvial en cuencas críticas —como El Deán, Plaza del Sol, la Calzada Independencia y la cuenca del Río San Juan de Dios— cuentan con un grado de predictibilidad técnica superior al 90%. Esta previsibilidad se sustenta en modelos hidrológicos, series históricas de precipitación y delimitaciones topográficas georreferenciadas e institucionalizadas tanto en el Atlas Metropolitano de Riesgos como en el Plan de Acción Climática Metropolitano (PACMET)”, describe el documento.
Añade que “al contrastar los diagnósticos de riesgo frente a los presupuestos de egresos y planes anuales de obra pública de los Municipios centrales del AMG (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá), se constató una brecha sistemática entre la planeación climática y la asignación efectiva de recursos para obras de adaptación hídrica e infraestructura verde”.
Al contar con la información generada por el Imeplan, los gobiernos no tienen argumentos para justificar la falta de inversión pública focalizada en las zonas críticas de inundación, pero aun así no lo hacen, indica Michel Ortiz, quien plantea que dicha omisión se califique como una falta grave que pueda ser sancionable a través del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Otro problema que causa la falta de planeación y prevención es que el gasto relacionado con inundaciones sea para compensar las pérdidas de las personas mediante la entrega de enseres domésticos, lo que “genera un ciclo de gasto público ineficiente que no ataca las causas estructurales del riesgo socioambiental, perpetuando la vulnerabilidad en sectores de menor ingreso y vulnerando el derecho a la ciudad y al desarrollo humano”, precisa el artículo.
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