A seis años de la desaparición de Jaime Adrián Ramírez Solís y las jóvenes trans Karla García Duarte y Kenia Pérez Duarte, sus familias exigieron que se retomen las investigaciones para localizarlos y se cumpla con el nuevo plan solicitado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Denunciaron que la Fiscalía del Estado (FE) ha frenado los actos de investigación y búsqueda pese a que existen personas detenidas por el caso, quienes se han negado a proporcionar información sobre el paradero de las víctimas.
Jaime, Karla y Kenia fueron vistos por última vez el 18 de septiembre de 2020 en la colonia La Coronilla, en Zapopan. Desde entonces se desconoce su paradero.
Este domingo 20 de septiembre, familiares y voluntarios se reunieron para exigir la localización de los tres jóvenes. Realizaron una misa en su memoria, se manifestaron y colocaron fichas de búsqueda y una lona en el puente sobre la carretera a Saltillo y la calle Chícharo, en la misma colonia.
María de Jesús Solís, mamá de Jaime, señaló que la principal exigencia sigue siendo que las autoridades realicen las investigaciones y búsquedas necesarias para conocer dónde están los tres jóvenes. Cuestionó que, pese a las personas detenidas por el caso, incluso una ya con sentencia, las diligencias no hayan continuado al ritmo que las familias esperan.
“Se le pidió por parte de la ONU que hicieran otro nuevo plan de investigación para tratar de dar con la localización de ellos y no se ha podido”, afirmó Marichuy.
En febrero de este año, un tribunal condenó a Yaneth Miroslava N a 100 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de Karla, Kenia y Jaime. La sentencia correspondió a 75 años por los delitos relacionados con las dos mujeres trans y 25 años por la desaparición de Jaime; sin embargo, las tres víctimas continúan sin ser localizadas.
En marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llamó al Estado mexicano a fortalecer la búsqueda de Kenia y Karla con perspectiva LGBTIQ+ y a actualizar las estrategias de búsqueda e investigación mediante un nuevo plan que considere las particularidades del caso. El organismo estableció el 27 de mayo como fecha límite para que México informara sobre las medidas adoptadas.
Marichuy señaló que el caso de los tres jóvenes forma parte de una problemática que continúa creciendo. “Que el gobierno deje de hacerse el tonto y de verdad haga lo que tiene que hacer”, reclamó al pedir que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y las demás instituciones involucradas cumplan con las diligencias correspondientes.
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