El decreto anunciado por el Gobierno federal para obligar a las plataformas digitales a moderar y borrar contenidos violentos no resolverá los problemas de fondo que originan la violencia en las escuelas, advirtió Jonathan Ávila, especialista del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD). El investigador señaló que el problema abarca factores sociales y familiares complejos que van mucho más allá de internet.

El especialista explicó que este tipo de reglas prohibitivas son muy difíciles de aplicar en la práctica, pues las narrativas y mensajes violentos no se limitan a las redes sociales, sino que también están presentes en medios tradicionales como la televisión, el cine y la radio.

Asimismo, Ávila alertó que México carece de la infraestructura y las condiciones para imponer restricciones a gigantes tecnológicos transnacionales. Sostuvo que este tipo de medidas unilaterales representa un peligro real para la libertad de expresión y podría derivar en censura indirecta al limitar el derecho de la ciudadanía a estar informada.

El especialista cuestionó que, aunque directivos de grandes empresas como Meta han admitido el impacto que tienen sus algoritmos en niñas, niños y adolescentes, la difusión de material violento sigue siendo constante.

Por ello, urgió al Estado a realizar un diagnóstico amplio sobre los factores de contexto y puntualizó que, más allá de la expedición de un decreto legal, la clave radica en verificar las facultades legales reales y las capacidades institucionales para ejecutar cualquier mecanismo de vigilancia sin incurrir en censura.

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