La reciente reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo federal, que condiciona u obliga a la renuncia de una segunda nacionalidad para aspirar o ejercer determinados cargos públicos, sienta un precedente regresivo al restringir libertades desde la propia Carta Magna, advirtió Julia María del Carmen García, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).

La juzgadora cuestionó los argumentos del Gobierno federal que justifican esta prohibición bajo supuestos criterios de soberanía o lealtad patria. Subrayó que contar con una sola nacionalidad no es una garantía de honradez, patriotismo ni apego a la legalidad en el servicio público, del mismo modo que poseer doble nacionalidad no implica riesgo de deslealtad ni incurrimiento en conductas delictivas.

García enfatizó que las modificaciones constitucionales promovidas por la mayoría oficialista contravienen el principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el Artículo 1° constitucional. Calificó como "gravísimo" que el Congreso de la Unión utilice la Constitución como una herramienta para cercenar derechos en lugar de ampliarlos, señalando que este mecanismo de restricción directa se ha presentado ya en tres ocasiones recientes, incluyendo la reforma al Poder Judicial.

Finalmente, la titular de la JUFED urgió a enfocar la agenda pública en problemáticas apremiantes para la nación, tales como impedir la injerencia de la delincuencia organizada en la función pública, fortalecer la transparencia y garantizar que las candidaturas y cargos del Estado sean ocupados por los perfiles más capacitados.

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