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Cuestionan a la Fiscalía de Jalisco por reprimir protesta: 'No es un cuerpo preventivo'

Cuestionan a la Fiscalía de Jalisco por reprimir protesta: 'No es un cuerpo preventivo'

El operativo policial desplegado durante la manifestación por la calidad del agua en Guadalajara violó flagrantemente la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, denunció Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El especialista cuestionó de forma severa la presencia de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco en las labores de dispersión y contención, al recordar que dicha dependencia no es un órgano policial preventivo, sino el ente encargado de investigar delitos y procurar justicia. Señaló que en videos difundidos en redes sociales se observa a estos elementos actuando como "guardias blancas", agrediendo físicamente a los asistentes y ejecutando arrestos sin sustento legal.

"Todo el protocolo estuvo mal ejecutado, no fue legal. A las personas arrestadas se les debe otorgar la libertad inmediata porque se trató de detenciones completamente ilegales", aseveró Partida Caballero.

Respecto al mensaje difundido por el gobernador Pablo Lemus Navarro, donde afirmó que un grupo de choque integrado por más de 400 personas boicoteó la protesta, el académico de la UdeG reprochó la contradicción en las cifras de aprehendidos, ya que ninguna de las 400 personas señaladas por las autoridades como integrantes del grupo de choque fue arrestada.

No obstante, los ciudadanos puestos a disposición de la autoridad son personas adultas mayores y estudiantes universitarios y no existe evidencia de que pertenecieran a células violentas.

Finalmente, Partida Caballero desacreditó las declaraciones del mandatario estatal sobre las investigaciones que realizaría la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para esclarecer los hechos, aclarando que se trata de un organismo autónomo cuyas resoluciones o recomendaciones no son vinculantes ni sustituyen un proceso penal.

El especialista concluyó que la responsabilidad de investigar penalmente los abusos recae en la Fiscalía del Estado; sin embargo, advirtió sobre el evidente conflicto de interés: "¿Cómo va a investigar la Fiscalía de manera imparcial si sus propios elementos participaron activamente en la violencia y detenciones arbitrarias?", cuestionó.

 

AL