La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso de Jalisco aprobó las bases para realizar una consulta pública dirigida a personas con discapacidad y organizaciones que las representan. Con el ejercicio se pretende reunir propuestas para una reforma que busca incluir su participación en las áreas de la administración pública estatal encargadas de atender sus asuntos.

El proceso incluirá mesas presenciales y otros mecanismos accesibles para reunir propuestas de personas con discapacidad, especialistas e instituciones antes de elaborar el dictamen.

La iniciativa busca incorporar su participación en la titularidad y el funcionamiento de estas áreas, considerando también la preparación necesaria para ocupar los cargos.

En la misma sesión la comisión aprobó reformas a las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Responsabilidades Políticas y Administrativas y Orgánica del Poder Legislativo para fortalecer la protección a víctimas y combatir la violencia institucional de género.

Las modificaciones establecen que las órdenes de protección deberán emitirse de inmediato o en un máximo de cuatro horas tras conocer los hechos. Tendrán una vigencia de hasta 60 días, prorrogables por 30 más o por el tiempo que dure la investigación y persista el riesgo.

Las medidas incluyen refugio temporal, traslados seguros, apoyo económico y atención médica, psicológica y legal gratuita. También contemplan proteger los datos personales de las víctimas, retirar armas a los agresores y garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias.

Los órganos internos de control podrán recibir denuncias e investigar presuntos actos de violencia de género cometidos por servidores públicos, así como emitir medidas de protección cuando corresponda. Las autoridades competentes podrán imponer y ejecutar sanciones.

Las solicitudes de protección podrán presentarse en cualquier municipio de Jalisco o en otra entidad federativa, sin rechazarlas por motivos de competencia territorial. Las medidas deberán considerar el nivel de riesgo y las necesidades de cada víctima.

Las modificaciones continuarán su proceso legislativo rumbo al pleno del Congreso.

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