De aprobarse la propuesta de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO) enviada por el gobierno de Jalisco al Congreso del Estado para la construcción del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, tanto la operación como la titularidad de la megaobra la tendrán el o los inversionistas privados que la construyan por el tiempo que dure el contrato.

Según el documento entregado al Congreso, el Ejecutivo plantea dos escenarios, uno a 20 y otro a 25 años, pero en ambos se especifica que con el CMRO la Comisión Estatal del Agua (CEA) no tendrá la propiedad del acueducto hasta que se termine de pagar.

Se detalla además que, para pagar la obra, que se estima cueste casi 12 mil mdp, y para su operación, el gobierno de Jalisco dé una contraprestación anual de entre 2 mil 300 y casi 2 mil 600 mdp dividida en dos tarifas; la primera, la T1, es correspondiente a los costos financieros de la obra y la segunda, la T2, para la operación. Esto generaría un contrato multianual de entre 38 mil mdp y 49 mil mdp sin el impuesto al valor agregado, tal como lo adelantó NTR la semana pasada.

En el mismo documento se precisa que, por el compromiso financiero, el inversionista mantendrá la titularidad de la obra, más no de la concesión de agua ni derecho de vía, hasta que se termine de pagar la T1, que llevaría entre 20 y 25 años.

Además, se precisa que el inversionista tendrá la obligación de “mantener la titularidad de la infraestructura construida mientras se encuentre pendiente de recuperación la inversión correspondiente a la Tarifa T1 y transmitir su propiedad a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, libre de gravámenes y limitaciones de dominio, una vez cubierta íntegramente dicha tarifa, sin perjuicio de la continuidad de las obligaciones de operación y mantenimiento que correspondan a la Tarifa T2”.

VEN RIESGOS

Que el privado mantenga la titularidad del acueducto hasta que termine el contrato conlleva riesgos, consideraron especialistas.

Por un lado, Juan Pablo Macías Salazar, investigador de temas hídricos, mencionó que ve riesgos en que el privado tenga la titularidad, pero también en que esté a cargo de la operación.

“Dicen (las autoridades) que a través del modelo CMRO la rectoría la mantiene el Estado, pero es un modelo de concesión de facto porque la operación la hace un privado. ¿Qué pasaría en determinado momento que la situación entre el particular y el gobierno del estado se ponga tensa, si hay una alternancia de partido y el partido entrante entra en conflicto con esa empresa?, ¿daría un peor servicio, estaría cortando el suministro desde Chapala por querer molestar al gobierno en turno? Son casos muy hipotéticos, pero que me ponen a pensar en que si hay un conflicto nos vaya a afectar a todos los ciudadanos”, cuestionó.

A la par, dijo que el modelo CMRO puede funcionar para proyectos de corto o mediano plazo, pero en largo plazo implican altos costos financieros y más riesgos.

Por su parte, Hugo Briseño Ramírez, director del Centro de Ciudades Hidroadaptativas de la Universidad Panamericana (UP), mencionó que cualquier modelo de financiamiento que se decida será altamente costoso; sin embargo, consideró que no es viable dejar en manos de privados la titularidad del acueducto por tanto tiempo como se planea a fin de evitar cualquier sospecha de privatización.

ACUEDUCTO ES NECESARIO

Ambos especialistas concluyeron que el acueducto sustituto es necesario, urgente e impostergable, dado que el actual ya rebasó su vida útil. Por lo tanto, llamaron a buscar alternativas que permitan su construcción.

Briseño Ramírez planteó que, para evitar cualquier suspicacia sobre la privatización, se busque un esquema que deje la propiedad del acueducto en manos de la CEA desde el inicio.

“(Se puede buscar un modelo) CMRO opción B con alguna aportación estatal, quizá del 30 por ciento, y que la obra sea propiedad pública desde el inicio. Consideramos que sería algo que ayudaría mucho para salvaguardar este debate tan fuerte de la privatización”.

Por su parte, Macías Salazar planteó un modelo CMR que elimine la opción de que el privado se quede con la operación del acueducto.

“Que se quite la palabra operación, me parece prudente, habrá que ver si al privado le interesa, tal vez el interés sea la operación que es lo que le da más recursos a la hora de cobrar. Para mí, la palabra clave es la operación, si la mantiene un privado hay un riesgo muy alto de que esto abra la puerta a una posible privatización, no ahora, pero quizá en el futuro”.

Ambos llamaron a las y los diputados a analizar técnica y detenidamente todas las opciones existentes para financiar una obra de este tipo y evitar la partidización, pues eso puede frenar la construcción del proyecto y tener consecuencias graves para más del 60 por ciento de la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara en un futuro.

Colectivos exponen rechazo a megaobra

Más de 20 colectivos y organizaciones ciudadanas se manifestaron este jueves en el Congreso de Jalisco para advertir a las 38 diputadas y diputados que vigilarán sus posturas frente al acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, impulsado por el gobernador Pablo Lemus Navarro. Además, exigieron que la iniciativa se discuta mediante un parlamento abierto, con participación ciudadana y acceso a la información.

Integrantes de organizaciones como #SiapaCorrupto, #ElSiapaQueQueremos y Asamblea Popular Jalisco acudieron al recinto legislativo con la consigna “Alerta, vigilaremos tu voto” ante el temor de que el Congreso acelerara el análisis de la propuesta, que contempla el acueducto sustituto para abastecer de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, al que rechazan porque implica privatización y mayor endeudamiento público.

Como parte de su campaña ciudadana, las agrupaciones elaboraron volantes con las fotografías, los nombres y partido político de cada una de las 38 diputaciones. En ellos incluyeron organizaciones los mensajes “C.M.R.O. ¡Es privatización y deuda pública!” y “Lago de Chapala libre de acueductos”, acompañados por los logotipos de los colectivos participantes.

Los manifestantes pegaron los materiales en las afueras de las oficinas de las y los legisladores. Durante el recorrido pronunciaron sus nombres y apellidos para reiterar que darán seguimiento a sus decisiones. 

También intentaron ingresar al pleno para colocar los volantes en las curules; sin embargo, el personal de seguridad del Congreso les impidió el acceso.

La protesta ocurrió mientras se esperaba la asistencia de legisladores para iniciar la sesión del pleno, que finalmente no se realizó por la ausencia de las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Miguel Ángel Vidal 

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