Organizaciones civiles, colectivos y comunidades de la ribera de Chapala y de la cuenca del río Santiago rechazaron el esquema de contratación propuesto para el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara al advertir riesgos de privatización de la gestión del agua, compromisos financieros de largo plazo y falta de información suficiente para evaluar su viabilidad.
En una rueda de prensa, sus integrantes exigieron al Congreso de Jalisco frenar la aprobación de la iniciativa hasta que se revisen sus costos, alternativas técnicas, impactos ambientales y condiciones de financiamiento.
Aunque el gobierno estatal sostiene que el esquema no implica la privatización del agua, los colectivos señalaron que la participación de una empresa privada durante dos décadas o más en funciones estratégicas del sistema de abastecimiento podría limitar el control operativo del sector público. También cuestionaron que la magnitud de los compromisos financieros no esté acompañada de una evaluación.
Además, tras una revisión ciudadana de la iniciativa del proyecto, las organizaciones y comunidades identificaron 146 observaciones y 52 contradicciones entre los documentos oficiales, por lo que solicitaron una revisión pública antes de que el Legislativo tome una decisión.
Entre las inconsistencias señalaron diferencias entre el costo de construcción anunciado y las obligaciones financieras previstas. Además, los montos incluyen financiamiento, operación y mantenimiento a precios de agosto de 2026, sin el impuesto al valor agregado (IVA).
También cuestionaron la actualización del análisis costo-beneficio, que en marzo de 2026 consideró una inversión aproximada de 8 mil 762 mdp, cifra inferior a la presentada posteriormente al Congreso.
A lo anterior se suma una diferencia en las especificaciones técnicas: el proyecto ejecutivo publicado contempla una tubería de 106 pulgadas y una capacidad máxima de 10 metros cúbicos por segundo, mientras que la iniciativa legislativa considera 96 pulgadas y hasta 8 metros cúbicos por segundo.
Además, los colectivos señalaron que la versión ajustada que el gobierno afirma contar con la validación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no aparece en el expediente público revisado.
Ante los diversos hallazgos de inconsistencias, exigieron transparentar las obligaciones financieras multianuales del proyecto planteada, publicar el comparador público-privado y someter a una revisión independiente el análisis costo-beneficio, así como elaborar un balance hídrico integral de Chapala que contemple escenarios de sequía y necesidades ambientales.
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