El gobernador Pablo Lemus Navarro difundió, a través de un video en sus redes sociales, que el gobierno de Jalisco analiza con el Gobierno de México alternativas para el financiamiento del acueducto sustituto Chapala – Guadalajara.

Sin abundar en detalles, mencionó que se revisa la viabilidad del modelo construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO) propuesto por su gobierno, pero a la par, se analizan otros esquemas de financiamiento.

Uno de ellos es un modelo de inversión mixta entre el gobierno de Jalisco y el federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Le propuse al gobierno federal opciones y modelos de operación entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal, a través de la Conagua, para encontrar esas soluciones con una inversión mixta entre el estado y la Federación. Estamos muy cerca de conseguir un acuerdo, confío en que en los próximos días se hará un anuncio de cómo ambos gobiernos lograremos la construcción del acueducto sustituto Chapala – Guadalajara, las obras complementarias para aprovechar la presa El Zapotillo y el resto de infraestructura hídrica que necesitamos”.

Añadió que confía en que la revisión de alternativas y del propio modelo CMRO avancen con el fin de que los acuerdos se vean reflejados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

Aún así, el mandatario estatal defendió la propuesta del modelo CMRO ya que considera que no se trata de una privatización del agua.

“Les aseguro que el agua no se va a privatizar. Yo no estoy de acuerdo con privatizar el agua, ningún partido político de Jalisco está de acuerdo con privatizar el agua, ningún jalisciense está de acuerdo con privatizar el agua, nunca lo hemos pensado, nunca lo hemos dicho y nunca lo hemos propuesto”, dijo.

Los documentos que su gobierno envió al Congreso del Estado para la revisión del esquema precisan que el Estado no perderá la concesión del agua, pero el acueducto sería propiedad de la empresa que lo financie hasta que se termine el contrato de 20 o 25 años, ese privado también estaría a cargo de su operación y no el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) o la Comisión Estatal del Agua (CEA).

NTR publicó ayer que Juan Pablo Macías Salazar, investigador en temas hídricos, es donde ve el problema. Dado que si en el futuro hay conflictos entre el gobierno y la empresa, se corre el riesgo de que ésta opte por represalias que afecten al 60 por ciento de la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Por lo pronto, mientras se analizan esquemas y se buscan acuerdos entre el gobierno federal y el estatal, la discusión del modelo financiero en el Congreso del Estado se postergó.

CES