Un Juez de Control vinculó a proceso penal a cuatro personas que fueron detenidas durante el operativo policial del pasado 11 de octubre afuera de Casa Jalisco, imputándoles el delito de lesiones. La resolución fue calificada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) como un acto claro de criminalización contra la protesta social.

Como medidas cautelares, el juzgador determinó que dos de los procesados acudan a firmar una vez al mes durante un periodo de seis meses, mientras que las otras dos personas deberán presentarse a firmar cada 15 días durante el mismo lapso.

Denisse Montiel, directora del CEPAD, denunció que la vinculación a proceso se sustentó prácticamente de manera exclusiva en los testimonios de los propios agentes policiales que se dijeron lesionados, sin que la Fiscalía del Estado presentara elementos probatorios sólidos o contundentes, como fotografías claras. Asimismo, no aportó grabaciones ni peritajes que acreditaran la responsabilidad individual de los imputados.

La activista señaló que el juez omitió las lesiones visibles con las que los manifestantes llegaron a la audiencia, respaldadas por los partes médicos. De igual manera, reprochó que el juez asignado al caso cuenta con antecedentes de actuación cuestionable en otros episodios de criminalización de la protesta social en Jalisco, como lo ocurrido el 15 de noviembre previo, cuando más de 40 personas fueron reprimidas y al menos ocho terminaron vinculadas a proceso bajo criterios similares.

Finalmente, Montiel condenó las agresiones registradas en las recientes movilizaciones e hizo un llamado a la ciudadanía a continuar ejerciendo el derecho a la protesta con medidas de autocuidado: acudir acompañados a las marchas y compartir la ubicación en tiempo real a través de dispositivos móviles.

AL