La exconsejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, advirtió que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo era indispensable ante los señalamientos de corrupción, pero consideró que no es suficiente para resolver la crisis de confianza que enfrenta la autoridad electoral.

Señaló que es necesario investigar a fondo las responsabilidades de funcionarios del INE, contratistas y proveedores, así como esclarecer las irregularidades en la asignación de contratos.

Advirtió que las denuncias y evidencias difundidas públicamente generan dudas sobre la imparcialidad, independencia y probidad de la institución, responsable de organizar las elecciones.

Atribuyó parte de la crisis a las modificaciones legales que concentraron facultades en la presidencia del Consejo General y en la Junta General Ejecutiva, al permitir que la titular del organismo nombrara directamente a cargos ejecutivos y técnicos de primer nivel, sin la deliberación colegiada que anteriormente requería una mayoría calificada de consejeros. Añadió que estas atribuciones se originaron en decisiones del Tribunal Electoral y posteriormente fueron incorporadas a la legislación por la mayoría legislativa.

Ante este escenario, planteó cuatro medidas: deslindar responsabilidades, elegir a la nueva presidencia mediante un consenso amplio entre las fuerzas políticas, designar provisionalmente a una persona que genere confianza entre los consejeros y restablecer los controles institucionales para evitar la concentración de decisiones.

Finalmente, sostuvo que la Cámara de Diputados y los integrantes del Consejo General deben asumir su responsabilidad para recuperar la confianza ciudadana. Advirtió que la falta de medidas inmediatas podría profundizar el deterioro del INE y comprometer la certeza y equidad de las elecciones de 2027.

GR