Tras revelarse presuntos sobrecostos en los servicios de reparación vehicular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la investigadora de El Colegio de Jalisco y especialista en transparencia, Azucena Salcido, exigió la apertura de investigaciones para identificar a los responsables de autorizar dichas contrataciones y esclarecer los criterios que justificaron los montos pagados.

La académica condenó los vicios recurrentes en las compras y contrataciones de bienes o servicios del sector público, los cuales suelen pactarse por encima del valor comercial promedio. Explicó que este fenómeno responde a la mala reputación de las dependencias gubernamentales por incurrir en pagos tardíos o incompletos, un factor que es utilizado por los proveedores para elevar tarifas y que abre la puerta a actos de corrupción, en lugar de garantizar la eficiencia y economía del gasto público.

Salcido subrayó que la rendición de cuentas en el IJCF no debe limitarse a la justificación financiera, sino también al uso operativo de los vehículos, obligando a la institución a aclarar si las unidades reparadas realmente eran utilizadas para su función en materia forense.

Finalmente, la especialista advirtió que la revisión formal a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) es insuficiente si no se acompaña de un órgano de vigilancia e inspección en tiempo real, capaz de dar seguimiento puntual a las adquisiciones, determinar si las reparaciones existieron físicamente y verificar que cada gasto haya sido indispensable.

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