Resulta paradójico y grave que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la institución encargada de construir la prueba científica para la impartición de justicia en la entidad, sea objeto de señalamientos por opacidad, sobrecostos y manejos corruptos en sus recursos públicos, advirtió el académico del ITESO, Jesús Ibarra.

El especialista en materia anticorrupción reconoció la labor de la Contraloría del Estado al detectar que el IJCF incurrió en asignaciones directas y dirigidas, evadiendo la licitación pública obligatoria. Precisó que haber omitido este procedimiento normativo desencadenó una serie de transferencias financieras irregulares que ni siquiera estaban presupuestadas dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la dependencia.

Jesús Ibarra sostuvo que, si bien es indispensable deslindar responsabilidades administrativas y penales contra los funcionarios que autorizaron los pagos a sobreprecio, la prioridad de las autoridades debería centrarse en la recuperación de los activos derivados de actos de corrupción para restituirlos a la hacienda pública estatal.

Explicó que esta tarea recae directamente en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; sin embargo, lamentó que dicho órgano mantenga una presencia mínima en el esclarecimiento de estos esquemas, señalando que la mayoría de los casos de desvío salen a la luz pública gracias al ejercicio del periodismo de investigación y no por actuación de la dependencia.

El investigador reprochó que en Jalisco no exista un solo antecedente relevante donde las autoridades hayan logrado desmantelar una red de corrupción y recuperar eficazmente los bienes o montos desviados.

Ante este panorama, Ibarra concluyó que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), instancia competente para decretar la nulidad de los contratos irregulares, mantienen una deuda histórica con la ciudadanía al permitir que la impunidad patrimonial prevalezca.

AL